La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó varias irregularidades en la revisión de la Cuenta Pública 2019, por lo que su titular, David Colmenares informó que la próxima semana presentará varias denuncias penales, aunque no dio detalles.
“La próxima semana informaremos que, acabamos de presentar esta semana y presentaremos ahora la próxima, varias denuncias penales de temas que son relevantes para el fisco”, destacó.
La Cámara de Diputados recibió los Informes Individuales de la Segunda Entrega de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019, el auditor superior dijo que del 15 de marzo de 2018 a la fecha, se han presentado 117 denuncias penales correspondientes a las Cuentas Públicas 2014 a 2018.
“No obstante, no debemos perder de vista que el proceso de presentación de denuncias penales es dinámico, y la ley establece que éstas deben presentarse únicamente cuando se cuente puntualmente con los elementos legales respectivos. Estos primeros datos son reveladores de la naturaleza continua de nuestro trabajo, ya que el seguimiento a las acciones penales y administrativas promovidas por la ASF ha requerido la presencia de personal especializado en audiencias realizadas en todo el país”, precisó.
La deuda pública del gobierno federal se incrementó nominalmente de 2018 a 2019, un 6.2 por ciento, alcanzando 8.8 billones de pesos, lo que representó el 36.4 por ciento del Producto Interno Bruto.
Del total, la deuda interna representó el 78.7 por ciento, mientras que la deuda externa, el 21.3. El pago de intereses, condiciones y gastos asociados ascendió, en 2019, a 0.5 billones de pesos, el 8.6 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación autorizado en el mismo periodo.
Colmenares también presentó los resultados a tres auditorías del Fondo del Gastos Catastróficos y al Programa de Vigilancia Epidemiológica del Fonden. En el primer caso, el Insabi tiene pendiente de transferir a las unidades médicas y prestadoras de servicios médicos 324 millones de pesos, correspondientes a 12 mil 726 intervenciones.
Se tienen en ejecución auditorías tanto a la extinta Policía Federal como a la Guardia Nacional, respecto de las transferencias de elementos e insumos que ésta recibió de la Sedena y la Semar, así como de las erogaciones que dichos órganos de seguridad efectuaron durante 2019, ambas con un universo y muestra a fiscalizar de 18 mil 679 y 14 mil 966 millones de pesos, respectivamente.
Añadió que en 2019, el gasto federalizado significó el 33.1 por ciento del gasto neto total de la Federación, el cual fue de 5.8 billones de pesos, lo que quiere decir que un poco más de la tercera parte del PEF fue operado por las entidades federativas y los municipios.
Ese año, el 96.6 por ciento del gasto federalizado programable, 1.05 billones de pesos, realizado a través de 85 fondos y programas, fue clasificado como social, por lo que su participación en el gasto de este tipo realizado por la Federación fue del 29.5 por ciento; es decir, por cada peso que gastó el gobierno federal en materia social, casi 30 centavos corresponde al gasto federalizado.
Por ello, afirmó, la fiscalización de estos recursos se ha convertido en un reto, debido al elevado número de ejecutores, así como su dispersión en el territorio nacional.
Aclaró que en esta ocasión se entregaron los informes individuales de 370 auditorías de 14 fondos y programas; 337 al gasto federalizado programable y 36 a la distribución de las participaciones federales.
Por segundo año consecutivo, afirmó, se verificará en los gobiernos de las 32 entidades federativas el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera y por primera vez se fiscalizará el cumplimiento de dicha Ley en los 32 congresos locales, 13 entidades de fiscalización superiores locales, 11 poderes judiciales de entidades federativas y un órgano público centralizado.
Como resultado de las auditorías, dijo, se determinó un monto observado de 25 mil 748 millones de pesos a las entidades fiscalizadas, de los cuales se recuperaron 738 millones. Los 25 mil 10 millones restantes fueron montos que son susceptibles de aclararse por las entidades fiscalizadas.
Informó que se han iniciado más de 4 mil 900 procedimientos de fincamientos que involucran a alrededor de 14 mil presuntos responsables. A la fecha se tienen resoluciones firmes definitivas que ya no admiten impugnación jurídica, respecto a más de mil 300 responsables. Del 15 de marzo de 2018 a la fecha, la ASF ha presentado 117 denuncias penales correspondientes a las cuentas públicas 2014 a 2018.
Pugnó por modificar el marco constitucional para autorizar la práctica de auditorías en tiempo real e incrementar el impacto de las revisiones de desempeño, tal y como sucede con las auditorías de gasto federalizado que simultáneamente también son de desempeño, “lo que potencia sus resultados benéficos para la fiscalización”.
Posteriormente, la Comisión de Vigilancia recibió de manera formal, en las instalaciones de la Cámara de Diputados, 487 documentos que integran la Segunda Entrega de los Informes Individuales de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2019.
ledz