Los servicios otorgados por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF), “no favorecieron” la inclusión ni el pleno derecho de las personas con discapacidad a partir de los subsidios otorgados para la ejecución de proyectos destinados a “ayudas funcionales, equipamiento e infraestructura y desarrollo para la rehabilitación”, de acuerdo con el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior (ASF) de la Cuenta Pública 2022.
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En 2022, los Servicios de Asistencia Social Integral, del SNDIF, destinaron 41 millones 036.5 de pesos al componente de atención en rehabilitación integral, es decir, el 1.6 por ciento del total ejercido en el programa por 2 mil 608 millones 041 pesos, “sin que demostrara que se emplearon en preconsulta, consultas médicas de primera vez, de especialidad, paramédicas, y sesiones de terapia física, ocupacional y de lenguaje”
Tampoco cuenta con los “criterios y parámetros para determinar en qué medida favoreció el ejercicio del derecho a la salud y asistencia social, a su desarrollo integral e inclusión a la sociedad de las un millón 081 mil 028 personas con discapacidad que atendió mediante el programa, aunado a la falta de coordinación con la Secretaría de Salud y las instancias del SNDIF en las entidades y municipios”.
La fiscalización mostró que el “Programa de Atención a Personas con Discapacidad (PCD )no fue una herramienta útil para evaluar si los recursos destinados a su implementación favorecieron la resolución de la problemática ni para aportar al cumplimiento de los elementos normativos de la legislación nacional y los programáticos relacionados con la inclusión de las personas con discapacidad (PCD), así como a los compromisos internacionales de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”.
Las estrategias y líneas de acción vinculadas con la atención de las PCD se “mantuvo en el plano de la asistencia social y al no ser un tema prioritario para el sector salud para la inclusión”.
Por ejemplo, el programa en la salud y asistencia social, el SNDIF informó que, en 2022, destinó 25 millones de pesos para equipamiento y desarrollo.
Solo atendió a 19 mil 946 PCD, “cifra que representó el 0.7% en relación con la población objetivo que ascendió a 3 millones 059 mil 046 PCD en situación de pobreza y pobreza extrema, lo que mostró que una de cada 100 personas con discapacidad del universo por atender recibió los beneficios del programa”.
No se comprobó que, las 19 mil 946 PCD, se encontraran en esa situación de pobreza y pobreza extrema. Además, tampoco sus actividades en cuanto el otorgamiento de terapias físicas y ocupacionales y de lenguaje, carecen de expedientes clínicos.
“La operación de 21 centros ubicados en 17 entidades federativas no logró que su intervención tuviera un alcance nacional”.
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HCM