La Auditoría Superior de la Federación (ASF) identificó un presunto daño patrimonial a la Hacienda pública federal por 6 mil 30 millones de pesos y cuentas por aclarar por 2 mil 178 millones de pesos, que suman un total de irregularidades por 8 mil 208 millones de pesos, derivado del segundo paquete de auditorías a la cuenta pública 2023.
De los más de 8 mil millones de pesos de gasto público irregular, 5 mil 735 millones, es decir el 70 por ciento, corresponden al gasto federalizado, es decir, recursos públicos ejercidos por los gobiernos estatales y municipales.
La mayor parte de los recursos con irregularidades se concentran en 26 estados del país, los cuales suman 5 mil 207 millones de pesos, de los cuales el 60 por ciento son considerados presunto daño patrimonial, mientras que el 40 por ciento restante todavía tiene posibilidad de ser aclarado.
Además, 18 municipios suman un presunto daño patrimonial por más de 80 millones de pesos.
Las empresas productivas Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex) acumulan mil 539 millones de pesos de irregularidades, de los cuales, 831 millones son considerados un presunto desfalco de Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial, mientras que 602 millones más son atribuidos a un presunto daño a la Hacienda por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos y 359 millones por parte de CFE Distribución.
El gobierno de Baja California Sur es el que encabeza la lista de estados con mayores cuentas pendientes, al sumar mil 421 millones 186 millones de pesos, de los cuales, mil 377 millones de pesos fueron señalados por la ASF como recursos con posibilidad de ser aclarados, mientras que 43 millones 283 mil pesos más son considerados por el órgano fiscalizador como un presunto daño patrimonial.
El gobierno de Durango acumuló irregularidades durante 2023 por 846 millones de pesos, de los que se solicitó aclarar 518.4 millones y se consideró posible daño patrimonial 327.8 millones más.
En tanto, Jalisco es la tercera entidad con más observaciones, al sumar 750.4 millones de pesos de irregularidades consideradas presunto daño patrimonial.
En el segundo informe, de tres que debe presentar la ASF, cuatro secretarías del gobierno federal acumularon irregularidades por 307 millones de pesos.
Se trata de las secretarías de Economía, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la de Infraestructura, Comunicaciones y Transporte y de la Defensa Nacional (Sedena).
MO