La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) “no se apegó a los plazos establecidos para concluir los trámites debido a retrasos en la expedición de licencias sanitarias para establecimientos de atención médica, donde se practican actos quirúrgicos u obstétricos”, así como en la solicitud y registro de medicamento genérico, además de que no justifica inasistencia de personal ni transferencias de dinero, y un monto por aclarar por 1 millón 415 mil 753.93 pesos.
"La atención de los trámites se dio con un retraso de entre 18 y 288 días naturales; de un expediente correspondiente a servicios de modificaciones a las condiciones del registro sanitario de medicamentos con cambio en el proceso de fabricación, los trámites tuvieron un retraso de 63 días hábiles; de tres expedientes de los servicios de solicitud de prórroga de registro sanitario de medicamentos alopáticos, vacunas, hemoderivados y biomedicamentos, los trámites reflejaron un atraso de entre 1 y 115 días naturales.
“De siete expedientes mediante los cuales se solicitó el registro sanitario de medicamentos alopáticos, vacunas y hemoderivados, el tiempo de atención fue con un desfase de entre 105 y 142 días naturales; de un expediente mediante el cual se solicitó el servicio de la modificación a las condiciones del registro sanitario de dispositivos médicos, el trámite se realizó con un desfase de 123 días hábiles; de otro expediente con el que se solicitó la cesión de derechos del registro sanitario de medicamentos, el registro sanitario fue expedido con un desfase de 157 días hábiles”.
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Tampoco “vigilaron los trámites correspondientes a autorizaciones, permisos, solicitudes y registros que implican análisis y manejo de riesgos sanitarios para la salud pública, ya que se determinó que en cinco casos los tramites presentaron un atraso en el tiempo de atención de entre nueve a 105 días hábiles, y en un caso el trámite presentó un atraso en el tiempo de atención de 30 días naturales”.
También se identificó que los trámites no contaron con la documentación requerida en la normativa, toda vez que en cinco expedientes no se proporcionó el pago de derechos, el nombre y datos generales del establecimiento solicitante, la licencia sanitaria, proceso de fabricación según giro o familia de productos, la documentación técnica de la línea de fabricación a verificar, o bien, no se describió el uso del medicamento, tampoco se contó con el estudio de estabilidad del producto, las pruebas de intercambiabilidad y de hermeticidad, ni con la monografía de la materia prima, entre otra documentación.
Además, no se supervisó que los solicitantes de trámites de licencias sanitarias cubrieran la cuota establecida, lo que provocó que en un caso el pago realizado fuera menor en 26.8 mil pesos que la tarifa establecida; y en otro caso, el pago de los derechos realizados fue menor en 3.2 mil de pesos a la tarifa establecida.
Faltistas y pagos no transparentes
No se acreditó el registro de asistencia del personal con nivel de mando medio (directores, subdirectores de área y jefes de departamento) que contaran con la justificación emitida por el Titular de la Unidad de Administración y Finanzas, y de otros 42 casos, las listas de asistencia proporcionadas no contaron con la totalidad de firmas de los servidores públicos, y de seis trabajadores no se proporcionó documentación que acreditara que éstos contaran con un control de asistencia.
Existen montos por aclarar por 1 millón 415 mil 753.93 pesos pendientes. Además, se encontraron inconsistencias en los subsidios otorgados a las entidades federativas que recibieron recursos federales durante 2020 para fortalecer la ejecución y desarrollo del programa y proyectos federales de protección contra riesgos sanitarios y de la red nacional de laboratorios, toda vez que la Cofepris no dio seguimiento al ejercicio y comprobación de dichos recursos, lo que derivó en que, a la fecha de la auditoría entregue el Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2020 110 (noviembre de 2021), en cuatro entidades federativas los recursos no ejercidos se enteraran de forma extemporánea.
En un caso, la cuenta bancaria no era exclusiva; en dos entidades federativas se reportaron montos facturados mayores que los reportados como pagados en los estados de cuenta bancarios; y en dos entidades federativas, no se contó con la totalidad de las facturas que comprueban la aplicación del recurso
“La Cofepris no acreditó que el Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan (ITSCO), con el que formalizó dos instrumentos jurídicos para la prestación del Servicio de Gestión Administrativa para Apoyo Técnico, contó con la capacidad técnica, humana y experiencia para prestar el servicio referido en al menos 51 por ciento del monto total contratado, toda vez que dichos instrumentos jurídicos se formalizaron bajo el amparo del artículo1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
“Además, los servicios adjudicados no correspondieron al objeto de creación del ITSCO; tampoco contó con evidencia de la opinión del área jurídica de la Cofepris para la formalización del tercer convenio modificatorio de un convenio. No se proporcionó la documentación que sustentara los pagos por 1 mil 386.9 miles pesos realizados a 63 apoyos técnicos, al amparo de las contrataciones referidas, la cual debía presentarse para proceder el pago, consistentes en reportes mensuales de las actividades realizadas por el personal de apoyo técnico, y comprobantes de pago del personal; asimismo, se presentaron reportes mensuales de actividades y comprobantes de pago sin ostentar la firma del prestador del servicio, y en 3 casos se efectuaron pagos en demasía por 28.9 mil pesos”.
Por su parte, el ITSCO no reconoció que, por su conducto, se prestaron los servicios para los que se contrató, siendo que, conforme a la evidencia recabada por este Órgano Superior de Fiscalización, la persona moral Centro de Investigación e Innovación para el Desarrollo Educativo y Tecnológico de Veracruz (CIDETEV) fue la que prestó dichos servicios y por los que recibió, por parte del ITSCO 54 mil 308 pesos de los 57 mil 811.9 pesos que la Cofepris le pagó durante el ejercicio de 2020 por los servicios prestados, y en los cuales se incluyen 3 mil 500.0 miles de pesos que el ITSCO los transfirió a la cuenta personal del apoderado del CIDETEV sin que existiera un instrumento legal con base en el cual se ampararan las transferencias realizadas ni recibos o facturación expedida a favor del ITSCO.
Asimismo, el CIDETEV, por su parte, también le transfirió 14 mil 159.6 de pesos a la cuenta personal de su apoderado, con cargo a los recursos que le transfirió el ITSCO. Además, el CIDETEV, en los meses de enero, febrero y marzo de 2020, no cumplió con la obligación de inscribir en el Instituto Mexicano del Seguro Social al personal que se desempeñó como apoyo técnico.
“También, se conoció que ni el ITSCO, ni el CIDETEV, ni el apoderado de dicho centro de Investigación cumplieron con su obligación fiscal de presentar su declaración anual del ejercicio 2020 ante el Servicio de Administración Tributaria”.
En los resultados de la fiscalización también se detectó que, en plena emergencia sanitaria, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) “identificó como riesgo sanitario asociado con el virus SARS-CoV-2 el que la población no contara con agua potable para el lavado de manos que contribuyera a disminuir la probabilidad de contagio”.
En 2020, la vigilancia sanitaria vinculada con la emergencia sanitaria consistió en la realización de 3 mil 666 visitas de verificación a establecimientos, actividades, productos y servicios sujetos a control sanitario competencia de la Cofepris, derivado de ellas, se aplicaron 787 medidas de suspensión y aseguramiento, de las que 89 se relacionaron con la atención de la emergencia sanitaria en las materias de insumos para la salud, productos y servicios, salud ambiental y servicios de salud.
Asimismo, la comisión emitió un total de 42 sanciones administrativas, de las cuales una fue en el giro de servicios de salud vinculada con la emergencia sanitaria por la enfermedad generada por el virus SARS-CoV-2, que derivó en una amonestación con apercibimiento.
La Cofepris emitió 676 informes de verificación de la publicidad, mediante los que inspeccionó que éstos contaran con el permiso sanitario para su difusión y de los que 30 se vincularon con la atención de la emergencia sanitaria por el SARS-CoV-2, los cuales derivaron en 4 sanciones administrativas, de las que una correspondió a una amonestación con apercibimiento y tres multas por un monto de 3 mil 649 pesos en materia de equipo o dispositivo médico, plaguicidas, y servicios de salud.
Asimismo, la Cofepris realizó la farmacovigilancia de los medicamentos usados para el tratamiento de los pacientes con covid-19, así como de la vacuna autorizada para prevenir la enfermedad, ya que se constató que detectó y evaluó 2 mil 345 notificaciones, de las cuales 89 fueron de Eventos Supuestamente Atribuibles a la Vacunación o Inmunización (ESAVI) por la vacuna Pfizer-BioNTech covid vaccine y 2 mil 256 estuvieron vinculadas con eventos y reacciones adversas por el uso de medicamentos que ya contaban con una autorización para su comercialización.
FS