En los dos primeros años del actual gobierno, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) acumuló irregularidades en la aplicación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro y en la operación de la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo (SNE) que sumaron más de 35 millones de pesos de recursos públicos por aclarar o devolver.
Debido a que la plataforma de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), en la que se reportan los avances en la atención de observaciones no funcionaba al cierre de esta edición, no fue posible verificar si la STPS ya atendió las solicitudes de aclaración y de reembolso de los montos señalados.
En materia de inspección a las condiciones laborales de los centros mineros del país, la dependencia encabezada por Luisa María Alcalde recortó el presupuesto para verificaciones, no colaboró con las empresas del ramo y solamente “efectuó sus labores de manera inercial”.
Así lo revelan las cuatro auditorías que la ASF ha realizado hasta ahora a la dependencia, las cuales todavía no incluyen la revisión al ejercicio fiscal 2021.
Programa social sin revisión
En 2019, la STPS comenzó a operar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, política emblema para apoyar a la juventud, de entre 18 y 29 años, a vincularse con el campo laboral mediante prácticas profesionales, siendo aprendices en empresas formales a cambio de una beca de 3 mil 600 pesos mensuales pagada por el gobierno.
Sin embargo, de acuerdo con las observaciones de la ASF, la aplicación del programa se hizo sin rigor, sin datos precisos y con tal desorden que ni siquiera se explicó por qué de 40 millones de pesos presupuestados, los recursos se ajustaron a sólo 23.9 millones de pesos.
Además, no se definieron ni el área responsable ni las medidas para supervisar la ejecución del programa, sus lineamientos cumplieron apenas con la mitad de lo requerido por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y no se pudo comprobar que los beneficiarios recibieran los 12 pagos que les correspondían ese año.
La falta de medidas de supervisión se reflejó en que no se definieron mecanismos y procedimientos para vigilar que se cumplieran los requisitos y documentación de beneficiarios y centros de trabajo, lo que derivó que en el padrón se encontraran deficiencias y omisiones.
Ese año, según la ASF, “la STPS no acreditó el mecanismo para evaluar y asegurar que los egresados del programa adquirieron o fortalecieron las habilidades técnicas y socioemocionales señaladas en las constancias de capacitación entregadas a los becarios que concluyeron con la capacitación”. Y tampoco acreditó “contar con métricas, metodologías, indicadores ni metas para determinar en qué medida se incrementó empleabilidad y la inclusión en el mercado laboral”.
La ASF recomendó reestructurar integralmente el programa con base en un diagnóstico confiable y definir indicadores precisos.
Para 2020, comenzaron las irregularidades en los recursos públicos, que derivaron en solicitudes para aclarar cómo se usaron 3.1 millones de pesos y para devolver 28 millones más.
La ASF pidió a la STPS aclarar por qué se pagaron 3.1 millones de pesos al IMSS por 17 mil 283 personas que recibieron atención médica sin que se demostrara que estaban en el padrón de beneficiarios ni que se capacitaban en un centro de trabajo registrado en el programa.
Pero más allá de la aclaración de ese monto, la ASF advirtió de un probable daño patrimonial por más de 28 millones de pesos por irregularidades en el uso de los recursos, empezando porque se “pagaron” 351 mil 720 pesos a personas que ya habían fallecido.
Además, se ejercieron 19.6 millones de pesos en mil 315 beneficiarios que sí estudiaban y que ya estaban en otro programa, el de Jóvenes Escribiendo el Futuro, a cargo de otra dependencia, por lo que recibieron doble beca, violentando las leyes en la materia.
Por la falta de rigor en la revisión de los beneficiarios inscritos, la STPS pagó 2.2 millones de pesos a personas registradas como tutores; 1.5 millones de pesos que eran representantes de las empresas participantes, 1.04 millones a personas que ya tenían un trabajo y 153 mil 400 pesos a personas que en realidad eran servidores públicos.
Servicios deficientes... y los mineros, olvidados
En 2020, la STPS contrató al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación (INFOTEC) para que prestara Servicios Integrales de Tecnología para la Plataforma Digital del Servicio Nacional de Empleo.
Sin embargo, los trabajos realizados por ese organismo público no coinciden con todo lo establecido en el contrato, por lo que la Secretaría debe aclarar por qué pagó 7.1 millones de pesos por órdenes de servicio que no cumplen con todas las funcionalidades señaladas en la documentación contractual y que no se encuentran operando en ambiente productivo.
En el rubro de sus obligaciones de inspección y seguimiento de las condiciones laborales de los centros mineros del país, la ASF encontró que la Secretaría recortó el presupuesto de 2019 para verificaciones, que no colaboró con las empresas del ramo y solamente “efectuó sus labores de manera inercial”.
En la auditoría practicada al ejercicio fiscal 2019, la ASF señaló irregularidades, pero sobre todo omisiones, en la supervisión de esos centros de trabajo.
Sobre todo, la ASF reportó que durante 2019 la STPS no profundizó sobre la problemática regulatoria y laboral de los diversos sectores, incluido el minero, ni se determinaron los que requieren atención prioritaria, no se presentaron datos actualizados, ni se cuantificaron y georreferenciaron a los centros de trabajo con deficiencias laborales. La revisión derivó en 19 recomendaciones, las cuales, supuestamente ya fueron atendidas.
En 2020, STPS dio de baja a 15 Servidores de la Nación que quisieron cobrar beca
La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) aseguró que entre las irregularidades encontradas en 2020 en la aplicación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro se detectó a 15 Servidores de la Nación que se quisieron hacer pasar por jóvenes beneficiarios para recibir la beca, por lo que fueron dados de baja. Sin embargo, no especificó si se les aplicó alguna sanción.
Luego de que MILENIO dio a conocer que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó irregularidades por más de 35 millones de pesos en la aplicación de recursos federales durante 2019 y 2020 para el programa de apoyo a la juventud y en un contrato para el mantenimiento de la plataforma del Servicio Nacional de Empleo, la dependencia aseguró que ya las solventó.
En respuesta a los señalamientos, la Secretaría explicó que en el caso de las personas que presuntamente recibieron becas de manera indebida, aseguró que 29 becarios que al conseguir empleo formal fueron dados de baja del padrón de beneficiarios.
Sobre las 17 mil 283 personas por los que supuestamente se pagó 3.1 millones de pesos al IMSS para que recibieran atención médica sin estar inscritos en el padrón, la dependencia confirmó que ya no formaban parte del programa porque decidieron cambiarse de centro de trabajo, no iniciaron su capacitación o desertaron antes de concluir el primer mes “por lo que, aunque fueron registrados en el IMSS, no llegaron a recibir beca y por tanto no fueron beneficiarios del Programa.
En el caso del monto irregular más elevado del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, que ascendió a 19.6 millones de pesos que la ASF señaló como que fueron repartidos entre jóvenes que ya tenían otra beca, denominada Jóvenes Escribiendo el Futuro, la Secretaría aclaró que “al momento de iniciar su capacitación en el programa, ningún aprendiz se encontraba estudiando”.
Añadió que “el hecho de que la auditoría haya identificado beneficiarios en padrones de estudiantes no significa que hubiese sido al mismo tiempo, sino que primero fueron beneficiarios de Jóvenes y posteriormente de alguna beca de estudiante o viceversa”.
Respecto de los 38 beneficiarios a los que supuestamente se les entregó el apoyo del programa, pero que, según la ASF, en realidad ya eran personas fallecidas, la Secretaría aseguró que todos murieron durante su capacitación y no había sido informado de manera oportuna a la dependencia.
Sobre los beneficiarios que se descubrió que eran tutores, la STPS afirmó que la mitad nunca fueron tutores del programa y que en los demás casos “se acreditó que fueron aprendices y posteriormente tutores, situación que no está prohibida de acuerdo con las reglas de operación del programa”.
En el caso de los beneficiarios que recibieron beca, pero ya tenían trabajo, la STPS afirmó que 42 de ellos no se encontraban trabajando durante su capacitación y los 29 restantes, una vez que se identificaron en los padrones del IMSS fueron dados de baja del Programa por incumplir con las Reglas de Operación.
Se aclaró que se trata de personas que decidieron cambiarse de centro de trabajo, o no iniciaron su capacitación en dicha fecha o desertaron antes de concluir el primer mes por lo que, aunque fueron registrados en el IMSS, no llegaron a recibir beca y por tanto no fueron beneficiarios del Programa.
Asimismo, la STPS aseguró que de las observaciones que la ASF hizo a la plataforma del SNE por 7.1 millones de pesos que se pagaron por un servicio que se contrató con INFOTEC, se demostró que sí se dio cumplimiento a los términos del contrato celebrado y se anexaron las pruebas correspondientes.
Finalmente, aseguró que pese a las omisiones y falta de control de la Secretaría detectados por la ASF para la verificación de centros de trabajo minero, “en la zona carbonífera de Coahuila de 2018 a la fecha se han incrementado en 30 por ciento las clausuras de minas irregulares y en 128 por ciento las multas por incumplimiento de la normatividad”.
dr