Cambios en ASF generarían denuncias penales débiles contra corrupción: ex auditor

Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, dijo que con los cambios actuales se avecina el retorno de esos expedientes incompletos.

Gerardo Lozano Dubernard, ex auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF | Gobierno de México
Rafael Montes
Ciudad de México /

Los cambios al interior de la Auditoría Superior de la Federación(ASF) podrían generar denuncias penales débiles contra presuntos actos de corrupción, justo en el momento en que se avecina la fase para presentar ante la Fiscalía General de la República (FGR) los eventuales primeros casos de desvíos de recursos del actual gobierno.

En entrevista con MILENIO, el ex auditor especial de Cumplimiento Financiero de la ASF, Gerardo Lozano Dubernard, explicó que los 66 dictámenes técnicos que el equipo a su cargo dejó pendientes para que se materialicen en denuncias penales todavía corresponden a la Cuenta Pública del año 2018.

Sin embargo, para la elaboración de los dictámenes técnicos de las irregularidades de la Cuenta Pública 2019, el primer año del actual sexenio, ya se aplicarán las modificaciones al Reglamento Interior de la ASF por las que él protestó y renunció a su cargo.

Además, afirma que antes de su participación en la ASF, los dictámenes técnicos que elaboraba la Auditoría de Cumplimiento Financiero eran débiles e incompletos y que, con los cambios actuales se avecina el retorno de esos expedientes débiles.

Los dictámenes técnicos son los insumos para poder presentar ante el Ministerio Público una relatoría de hechos presumiblemente considerados delitos.

Los cambios en el reglamento transfieren desde la Auditoría de Desempeño Financiero y la Auditoría de Gasto Federalizado hacia la Auditoría de Seguimiento la facultad de elaborar esos dictámenes para presentar denuncias.

¿Este reglamento publicado en agosto es la culminación de los cambios iniciados en 2018?

Hubo cambios en 2018 que yo vi positivos. Se creó esta área de Seguimiento, que en su momento a mí me pareció bien porque estabas, ahí sí, desvinculando a los auditores respecto al seguimiento de las observaciones y ya sería otra área. Básicamente, planteado en la lógica de que los auditores con esta capacidad de decidir si algo se solventa o no, parecía que tener un área de Seguimiento para dar atención a estas acciones o estas observaciones, se veía de manera positiva para tratar de evitar la corrupción interna. Pero en la concentración específica de estas decisiones (de elaborar dictámenes técnicos) en el área de Seguimiento y haber hecho a un lado a las áreas auditoras de cualquier participación para efecto de generar dictámenes técnicos, me parece muy grave.

¿Qué opinó el otro auditor especial de Gasto Federalizado, Emilio Barriga, de estos cambios?

No lo sé, a mí me dijo el señor auditor superior, en la plática que tuve con él, el día 4, en la oficina del titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos, que ‘eres el único que se ha quejado’. Sí, por supuesto. Yo no hago las cosas por lo que piensen mis compañeros. Lo único que yo señalo es que entiendo que Gasto Federalizado, en los últimos tres años, ha presentado tres denuncias. A lo mejor a él no le afecta este cambio. A mí sí me afecta porque llegamos con un compromiso de que las cosas sucedieran, de materializar los hechos irregulares en denuncias y nosotros hemos presentado en estos poco más de tres años 138 denuncias de hechos con base en nuestros dictámenes técnicos ─las presenta Asuntos Jurídicos, pero con base en nuestros dictámenes técnicos─ y 66 dictámenes técnicos que yo espero que vean la luz pronto, como denuncias. A lo mejor si yo no hubiera presentado denuncias, pues hasta sería más cómodo porque ya no tendría que preocuparme por hacer dictámenes técnicos, que es una inversión de tiempo importante.

¿Qué tanto estaba funcionando este modelo de elaboración de dictámenes técnicos que de las más de mil denuncias penales presentadas en más de 20 años de la ASF ha habido solo 20 sentencias y la mayor parte están en el estatus tanto de ‘no ejercicio de acción penal’ (más de 200) como ‘en integración’ (más de 700) y recientemente muchas como ‘sobreseimiento’? ¿Los dictámenes técnicos no estaban bien hechos como para que el Ministerio Público ejerciera acción penal o la Fiscalía no hace caso a los dictámenes técnicos?

No sé qué pase en la cancha de la Fiscalía, porque yo no tengo contacto formal con la Fiscalía para ver los procesos internos, pero lo que yo sí te puedo decir es que cuando yo llegué a la ASF y vi cuál era el proceso que se estaba siguiendo para elaborar los dictámenes técnicos. Yo observé que el área auditora se lo mandaba directamente al Jurídico y cuando revisamos algunos dictámenes técnicos, los vimos débiles en su presentación, en su contenido, en su argumentación. Entonces lo que hicimos fue, en la lógica de ‘vamos a presentar mejores dictámenes técnicos’, que se cambió el proceso. Ya del área auditora pasaba a un grupo de abogados expertos en la materia que revisaban esos dictámenes técnicos, se fortalecen, se perfeccionan y pasan con dos de mis asesores, que son abogados, uno es contador y abogado, quienes también revisaban el documento y luego llegaban a mi escritorio. Yo también revisaba los dictámenes técnicos y después venía una revisión por parte de Asuntos Jurídicos, que nos llegaron a hacer recomendaciones. Lo que hicimos fue mejorar el proceso, cuidar los expedientes, que hubiera una muy buena vinculación entre dictámenes técnicos y el expediente para que el MP no tenga que batallar mucho.


¿Hay el riesgo de que estos dictámenes técnicos vuelvan a presentarse ‘desnutridos’ cuando ya no intervengan las áreas auditoras?

Me preocupa que pueda pasar eso, que haga el dictamen técnico alguien que no tuvo contacto directo con la auditoría, no la vivió, y eso pudiera ser que el dictamen técnico no lleve la solidez que quisiéramos… Yo creo que habernos hecho a un lado es casi como un desprecio a la especialización, a quienes son auditores y a quienes generamos los temas.

Hablaba usted de la ‘administración’ de las denuncias, ¿esto quiere decir hacer un uso político de la información con la que se puede denunciar?

No hablo de un uso político, yo sólo hablo de que en este ambiente de decisión unipersonal pueden tomarse decisiones arbitrarias de lo que sí y de lo que no se va a denunciar. Simplemente, yo soy un hombre objetivo y se corre el riesgo de que un asunto pueda no ser denunciado, no sé si por cuestiones políticas, no lo sé.

¿De los 66 dictámenes que usted dejó listos para que se presenten denuncias, ya son de cuentas públicas del actual sexenio?

No, los últimos, si no mal recuerdo, son todavía del 18, Cuenta Pública 2018, y algunos vienen del área forense, pero no te puedo precisar porque no puedo revelar exactamente qué temas… El actual sexenio, en realidad es el 19, la Cuenta Pública del 2019 y esta Cuenta Pública se terminó de entregar en febrero del 2021, entonces se están viendo los análisis de lo que se va a denunciar o no, la instrucción fue esperar a que Seguimiento termine en este proceso de aclaración que está establecido, que son casi seis meses. Desde el 26 de agosto ya no podíamos elaborar dictámenes técnicos. Los que vengan ya le van a corresponder al área de Seguimiento.

¿Considera que el Sistema Nacional Anticorrupción se debe pronunciar sobre el tema?

Creo que sí, que también el Comité de Participación Ciudadana (CPC), más que nada, podría pronunciarse. Se supone que el CPC está representando a todos los ciudadanos y creo que debería de pronunciarse por el cambio del reglamento, para eso está, para las cosas difíciles o que pueden parecer complicadas.


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