En un año los delitos electorales aumentaron 24 por ciento, al pasar de 208 a 258 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia del Estado.
Tamaulipas tuvo procesos electorales tanto en 2021 como en 2022, en el primero hubo comicios de alcaldías, diputaciones locales y federales y en el segundo de gobernador.
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El año pasado se presentaron 258 denuncias penales ante el ministerio público, cincuenta más que en el 2021, informó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En 2022, el mayor número de denuncias se presentó en el mes de julio, con un total de 122, mientras febrero presentó el menor rango con 1 y octubre, noviembre y diciembre se mantuvieron en ceros.
A su vez, en 2021, junio fue el mes con más denuncias, al acumular 110, en tanto que en diciembre no se presentó una sola.
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¿Qué son los delitos electorales?
Los delitos electorales son aquellas acciones u omisiones que lesionan o ponen en peligro el adecuado desarrollo de la función electoral y atentan contra las características del voto que debe ser universal, libre, directo, personal, secreto e intransferible.
Cualquier persona, funcionarios electorales, dirigentes partidistas, precandidatos, candidatos, servidores públicos, organizadores de campañas y ministros de culto religioso, están propensos a cometerlos.
Estas conductas están contenidas en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, y contemplan sanciones para el caso de ser cometidos.
Se impondrán de 200 a 400 días de multa, y prisión de 2 a 9 años, a la servidora o al servidor público que coaccione o amenace a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas, y para que voten o se abstengan de votar por una candidatura, partido político o coalición.
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Es delito electoral condicionar la prestación de un servicio público, cumplimiento de programas gubernamentales, otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones o la realización de obras públicas, a la emisión del sufragio a favor de precandidata (o), candidata (o), partido político o coalición.
Si el condicionamiento del programa gubernamental se realiza utilizando esquemas de apoyo social, se aumentará hasta un tercio de la pena prevista.
El 12 de abril de 2019 se reformó el artículo 19 constitucional para ampliar el catálogo de delitos por los que el juez deberá ordenar prisión preventiva de manera oficiosa, entre los que se incluye el uso de programas sociales con fines electorales.
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AYPC