Tras reunirse con directivos de Uber y DiDi México, diputados de Nuevo León perfilaron rechazar el aumento en el impuesto que planteó el gobernador Samuel García, que iría del 1.5% al 3%, bajo el argumento que afectará al ciudadano que toma diariamente un cibertaxi.
Lorena de la Garza, presidenta de la Comisión de Movilidad, dijo que Ezequiel Gil, gerente de Políticas Públicas UBER, y Marina Gutiérrez, asesora de asuntos públicos, expusieron que, en Nuevo León, se realizan 6 millones de viajes al mes, y que aumentar al doble el impuesto, convertiría al estado como el que cobra más en todo México.
“Un aumento, al final del día, se le va a reflejar al usuario ,y vienen a defender eso (los directivos) para que no se cambie cómo está ahorita en la Ley de Ingresos y para que no tuvieran impacto en el bolsillo, me asustó el número de viajes (6 millones) que se hacen al mes.
“Dicen que a raíz de la problemática que hay en el transporte, a nosotros se nos han incrementado los viajes. Tenemos pensado no aprobarlo, no aprobar ese aumento que nos proponen, porque no lo va a pagar la plataforma sino que se le va a reflejar al usuario y pues no lo queremos permitir, sería el estado con el impuesto más caro”, refirió De la Garza.
La plataforma Milenio-Multimedios publicó el 8 de noviembre que la iniciativa de Ley de Ingresos del Estado indica que el impuesto que pagan las empresas de redes de transporte como Uber, Didi, Cabify, pasará del 1.5% a 3.0%, lo cual a su vez prevén se refleje en el impuesto a las tarifas efectivamente cobradas por las empresas de redes de transporte para recibir, 213 millones 604 mil pesos, el equivalente a 164.5% más comparado con el presupuesto del 2022.
Waldo Fernández, presidente de la Comisión de Presupuesto, dijo que también rechazará este aumento porque los usuarios toman un cibertaxi porque no hay camiones.
“No estuvieron los de Movimiento Ciudadano, y los de UBER y DIDI nos vinieron a manifestar su preocupación de este incremento del 1.5 al 3% de impuestos que pondría a Nuevo León como número uno en el cobro de esta tasa en el país, y sería la más alta, y dieron sus razonamientos, el precio de los combustibles, la inflación y que se daña al proveedor.
“Mi postura es que no porque este incremento tiene una alta posibilidad de que se le repercuta al ciudadano, y aunque parezca pequeña, el 1.5 son tres o cuatro pesos que equivale a la mitad de la tarifa en el Metro, y que no se suban los usuarios es porque es inoperable”, apuntó.
Luis Susarrey, del PAN, afirmó que la Secretaría de Movilidad percibe 130 millones por el impuesto del 1.5% y subir al doble el gravamen recaudaría 260 millones de pesos, que deberían ir etiquetados para combatir la crisis de movilidad.
“Si hoy se cobra el 1.5% que no sabemos a dónde se va, por qué vamos a autorizar un incremento del 3%, y no digo que esté mal, si se cobra el tres y se va a mejorar el Metro o subsidiar la tarifa, si le sirve la gente yo no tengo ninguna bronca, aquí el tema es que desde que se aprobó el del 1.5% nunca se ha transparentado.
“Dicen (las autoridades estatales) que lo usaron para la crisis del agua, pero nosotros aprobamos un presupuesto de 120,000 millones para atender todas las crisis, la Secretaría de Movilidad ha dicho que recibe 130 millones de pesos por ese impuesto”, enfatizó.
Carlos de la Fuente, del PAN, dijo que es un impacto porque podría poner en riesgo la operación de los cibertaxis.
“Los recibimos porque están preocupadísimos, el gobierno dice que se le va a subir un 1.5% y para ellos es el 3% y están preocupadísimos porque representa un impacto”, concluyó.
En la reunión también estuvo Chelsea Estrada, government Affairs Manager DiDi; Mauro Guerra, presidente del Congreso, y Raúl Lozano, coordinador del PVEM.