Después de ocho meses de espera, el CETyV aplazó para el próximo lunes 13 de mayo a las 17:00 horas la revisión y votación del inminente incremento, luego de que a tres transportistas supuestamente no se les permitió el ingreso a la reunión, por un protocolo de seguridad en Palacio de Gobierno.
Aunque lo que llamó la atención es que en la sesión privada se confirmó el quórum porque sí pudieron ingresar 34 consejeros e invitados, entre alcaldes, rectores, representantes de cámaras empresariales al Palacio, incluso medios de comunicación al patio principal, sólo los transportistas son los que no pudieron ingresar.
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Se trata de Hernán Martínez Garza, presidente de la Asociación de Transporte Público de pasajeros de NL; Pablo Garza Vives, representante de los Prestadores de transporte Suburbano de NL, y José Alberto Almaraz González, representante de Grupo Martínez Chavarría García.
Manuel González Flores, secretario general de Gobierno, y Jorge Longoria Treviño, de la Agencia Estatal del Transporte, argumentaron, por separado, que los transportistas no pudieron ingresar por lo que se les corrió una “cortesía política” y regla de urbanidad pública para que estén presentes el lunes próximo en otra sesión.
Ello para que no lo usaran como una excusa o quedara en entredicho al no estar presentes en la reunión de análisis de este miércoles.
Un protocolo de seguridad bloqueó la entrada de los representantes de los transportistas, pero no así a todos los demás.
Sin embargo, los representantes sí tuvieron pase de acceso, como sucedió con Rocío Montalvo, de Únete Pueblo, que sí la dejaron entrar, pero no así a su suplente.
El protocolo de seguridad se utilizó desde temprano alrededor de Palacio de Gobierno, luego del arranque de un evento de acreditación de los elementos de Fuerza Civil en donde participó el Cónsul de Estados Unidos en Monterrey, William H. Duncan y el gobernador Jaime Rodríguez Calderón.
González Flores dijo que todas las provocaciones que pudieran encontrar en el camino, no serán respondidas por el Gobierno del Estado, con el objetivo de que en la convocatoria las cosas se hagan con tranquilidad, educación y, además, aclaró que no se violentó la ley por parte de los transportistas.
“No se violentó la ley, se estableció de acuerdo al artículo 115 de la ley, por eso al Consejo le pedí su autorización de aplazarlo”.
Con respecto a las afectaciones que han padecido los neoloneses por el debate frente al aumento de tarifas, aseguró que se están velando los intereses de los ciudadanos.
Por otro lado, cuando se le preguntó sobre la opinión de la representante del Consejo Cívico, Sandrine Molinard, dijo preferir omitir sus comentarios al respecto por educación.
Y, finalmente, al hablar sobre la postura permisiva del Gobierno hacia los transportistas, declaró que no es su intención discutir con los empresarios, sino llegar a un acuerdo donde se respete a ambas partes.