La autonomía del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) asegura la imparcialidad en la garantía de los derechos que tutela, aseguraron los comisionados Josefina Román y Óscar Guerra Ford, al participar en un encuentro con autoridades de acceso a la información de Estados Unidos y Canadá.
Los comisionados del INAI participaron en el encuentro virtual “Reformar la FOIA (Ley de Libertad de Información, en español), soluciones comparativas al déficit de transparencia en el continente americano”, convocado por la Universidad de Yale.
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El comisionado Óscar Guerra Ford expuso que en el caso de México, los integrantes del INAI, como organismo colegiado, basan sus decisiones en criterios técnicos con los que llegan a resoluciones definitivas e inatacables, con las que se logra la apertura de información pública relevante para la sociedad.
Destacó que se han desarrollado sistemas electrónicos como el INFOMEX y la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), los cuales permiten hacer solicitudes a más de 8 mil instituciones públicas y además cuentan con buscadores que facilitan localizar la información entre más de 4 mil millones de registros.
“El gran reto es poder llevar este derecho a sectores que están fuera de las nuevas tecnologías, porque el 99 por ciento de las solicitudes se hacen vía electrónica, en la Plataforma Nacional de Transparencia, entonces hemos visto algunas cosas como solicitudes telefónicas y estamos ensayando algunas formas alternas para grupos indígenas y personas en situación vulnerable”, dijo.
Por su parte, la comisionada Josefina Román consideró que la periodicidad de los encargos de los comisionados del INAI permiten la autonomía e independencia del organismo para tomar las mejores decisiones sobre la información que debe entregarse, protegerse, reservarse o clasificarse como confidencial.
“En México ha funcionado un órgano colegiado, no unipersonal, somos siete Comisionadas y Comisionados nombrados por el Senado de la República, en un encargo de siete años que no coincide con ninguno de los periodos de gobiernos municipales estatales o inclusive el federal para evitar politizar las decisiones, garantizando así el pleno acceso a la información pública”, expuso.
Caroline Maynard, comisionada de Acceso a la Información en Canadá, recordó que, en su país, sólo se podían emitir recomendaciones a las instituciones públicas que negaban la información, pero actualmente se puede ordenar que entreguen lo requerido y evaluar si se hizo todo lo posible para atender las solicitudes; asimismo, se está impulsando que la información esté disponible sin que sea necesario solicitarla.
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“El acceso a la información no es un trabajo fácil, implica lidiar con personas que tienen otras cosas que hacer y no ven que el acceso a la información es algo importante, pues están ocupados con sus programas y responsabilidades, también hay problemas de reclutamiento para las áreas de acceso”, expuso.
En el caso de Estados Unidos, Matthew Wiener, ex Director Administrativo de la Conferencia de Información en Estados Unidos, señaló que los recursos con los que cuentan las oficinas de acceso a la información en la Unión Americana son limitados, los ciudadanos cuentan con dos vías para acceder a la información: la administrativa y la judicial.
En este contexto, explicó que entre los retos que enfrentan los solicitantes, hay muchos casos en los que “la información que se provee por la vía administrativa no siempre proporciona la ayuda que se necesita para la resolución de controversias en los servicios o no es vinculante para resolver estos conflictos”.
LG