La ampliación del mandato de gobierno en Baja California es inconstitucional y un ataque a la democracia, pues violenta todos los derechos electorales, señalaron expertos en materia jurídica durante el conversatorio Ampliación de Mandato en Baja California: Atropello a la Democracia, organizado por la plataforma Futuro 21.
María Elena Morera, presidenta de Causa en Común, calificó como grave la aprobación de la ampliación del período de la gubernatura en Baja California, ya que "afecta a la democracia del país en donde el Presidente se deslinda y se lava las manos en una reforma tan grave para la democracia del país”.
Lamentó que las libertades y derechos se están perdiendo con este nuevo gobierno. "Alteraron la base electoral y los principios básicos de una elección democrática, porque ésta debe ser libre, auténtica y periódica. Los electores deben saber cuáles son las reglas de este juego electoral”, expresó.
Adelantó que una vez que sea publicada la reforma en el Diario Oficial, se debe promover desde la ciudadanía y las instituciones, juicios de amparo en contra de la norma que puedan ser interpuestos por cualquiera que viva en la entidad, así como juicios ciudadanos electorales.
Rosa María Cano, candidata a Doctora en Derecho por la Universidad de Granada, España, enumeró las vías legales que se pueden usar para cambiar la Ley Bonilla, mismas que consisten en las acciones de inconstitucionalidad que los partidos políticos, los ayuntamientos e incluso la Comisión Nacional de Derechos Humanos pueden interponer ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
A su vez, el ex candidato del PRD al gobierno de Baja California, Jaime Martínez Veloz acusó que se generó una cortina de humo para impedir que el tema de las violaciones electorales de la candidatura de Bonilla quede sin investigación, "nunca debió haber sido registrado ni siquiera como candidato".
En tanto, el integrante de dirigencia nacional del PRD, Ángel Ávila Romero dijo que trascurrido 15 días que el PRD interpuso la solicitud ante la Secretaría de Relaciones Exteriores para desconocer la nacionalidad de Jaime Bonilla por no contar con 15 años de residencia en la entidad para ser candidato a gobernador.
Sin embargo, “estamos a tiempo, porque según la ley se tienen 30 días para dar la respuesta”.
Además, el dirigente perredista afirmó que se tiene hasta el próximo 1 de noviembre para interponer todos los recursos de inconstitucionalidad posible.
AE