En 1985, durante la “frenética” investigación y búsqueda de la DEA tras el secuestro de su agente especial Enrique Kiki Camarena y su piloto Alfredo Zavala, las autoridades estadunidenses se dieron cuenta que sus colegas mexicanos, así como funcionarios y políticos, en realidad protegían al Cártel de Guadalajara e incluso habían participado en las reuniones para planear el plagio, interrogatorio, tortura y asesinato de sus ciudadanos, incluyendo al oficial que mandaron a México para investigarlos.
De acuerdo con la acusación contra Caro Quintero, la fiscalía estadunidense aseguró al juez Edward Rafeedie que pudo saber a través de testimonios de informantes y testigos colaboradores, que las operaciones del Cártel de Guadalajara estaban apoyadas por funcionarios como:
- Enrique Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco.
- Manuel Bartlett, secretario de Gobernación.
- Manuel Ibarra Herrera, director de la Policía Federal Judicial.
- Miguel Aldana Ibarra, director de la Interpol México.
- Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa.
La DEA estaba convencida que el cártel y sus líderes, Rafael Caro Quintero, Ernesto Fonseca y Miguel Ángel Félix Gallardo, habían ordenado los crímenes como venganza por una serie de operativos que afectaron sus operaciones y para saber qué tanto habían logrado infiltrarse sus agentes dentro de la organización, por lo que el tema se volvió de gran relevancia y las reuniones para diseñar el crimen, que fueron varias, tuvieron la presencia de relevantes personajes del crimen organizado pero también de la política mexicana.
“A esas reuniones asistían traficantes y representantes de cada agencia del gobierno mexicano que tenían un interés en las operaciones del cártel y en su éxito (…) prominentes políticos también estaban presentes en algunas reuniones, incluyendo a Enrique Álvarez del Castillo, gobernador de Jalisco; Manuel Bartlett Díaz, el secretario de Gobernación; y Javier García Paniagua, el presidente del Partido Revolucionario Institucional."Personal clave del Poder Judicial asistió, incluyendo a Manuel Ibarra Herrera, el director de la Policía Federal Judicial mexicana, y Miguel Aldana Ibarra, director en México de la Interpol.
"Finalmente, el Ejército también estaba representado a través de la presencia de Juan Arévalo Gardoqui, secretario de la Defensa”, aseguró la fiscalía de Estados Unidos.
Miguel Aldana Ibarra | Foto: Especial
Las acciones, investigaciones y operaciones encubiertas que mantenía la DEA en México ya habían causado una herida dentro del Cártel de Guadalajara derivado de aseguramientos y la destrucción de toneladas de mariguana en Zacatecas y Chihuahua y ahora los capos buscaban venganza.
El gobierno estadunidense se dio cuenta, quizá muy tarde, que sus agentes estaban siendo rastreados por los narcos a quienes perseguían, y que sus colegas mexicanos filtraban información al cártel.
“La corrupción entre altos mandos del gobierno mexicano y oficiales de la ley era profunda. Los oficiales de la ley estaban en la nómina de los traficantes. También estaban en la nómina de los traficantes altos políticos y oficiales del Ejército, quienes junto a los corruptos oficiales de la ley permitieron a los traficantes crecer y distribuir narcóticos sin una interferencia relevante de alguna agencia judicial legítima”, continuó la fiscalía.
Según la DEA, junto con la policía mexicana, tuvieron la oportunidad de aprehender a Rafael Caro Quintero antes de que huyera a Costa Rica el mismo día que Camarena fue asesinado; sin embargo, lo dejaron ir.
De acuerdo con testimonios de agentes antidrogas, el primer comandante Armando Pavón Reyes, de la Policía Judicial Federal de México, permitió que Caro Quintero huyera en un vuelo desde el Aeropuerto de Guadalajara el 9 de febrero de 1985, tras un tenso encuentro entre oficiales mexicanos y guardaespaldas del capo.
Poco después, Pavón Reyes fue designado al frente de la investigación mexicana para el caso Camarena, y según la agencia antidrogas de Estados Unidos, intentó convencerlos de que a Camarena y a Zavala los había asesinado una familia en Michoacán apellidada Bravo, y quienes tenían un rancho en el municipio de Zamora.
“Las autoridades mexicanas buscaron culpar a la familia Bravo por el secuestro de Camarena y para ese fin hicieron un búsqueda en el Rancho Bravo el 4 de marzo de 1985 por los cuerpos de Camarena y Zavala. No encontraron nada.”
Un día después de la búsqueda, y sin que el gobierno mexicano explicara más detalles sobre cómo dio con la pista, los cuerpos de Camarena fueron encontrados enterrados enfrente del rancho, envueltos en plástico y apenas reconocibles por el estado de descomposición en el que se encontraban.
Manuel Ibarra Herrera. | Foto: Especial
Todas las evidencias de caso pasaron primero por manos de autoridades mexicanas, de las cuales la DEA comenzó a desconfiar y, finalmente, terminó por señalar como encubridores de una de las organizaciones de tráfico de drogas más prolífica de los ochenta: el Cártel de Guadalajara.