El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Francisco Xavier Berganza Escorza, señaló que instruyó al contralor interno, Ricardo Silva Morteo,que revise y resuelva la observación de la segunda entrega de la Cuenta Pública 2018 por más de un millón de pesos a la 64 legislatura enviada por la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo (ASEH), la cual dejó pendiente la excontralora interna Ofelia González Hernández.
“Ese tema lo conozco perfectamente, ya le indiqué (al contralor), no solo ese tema, todo, aquí no vamos a dejar pasar nada, nada de nada, sea quien sea, lo tiene que resolver”, sostuvo.
El también coordinador de la fracción parlamentaria de Morena aseguró que en la 65 legislatura no se va a tapar nada y apuntó que no tiene en lo personal nada contra el ex diputado de su partido y actual regidor de Tula, Ricardo Raúl Baptista González, quien está envuelto en la observación de la Auditoría al Congreso del estado.
“Es una cuestión de legalidad”, dijo Berganza Escorza, al tiempo de mencionar que no se verán colores de partido en la resolución que emita la Contraloría Interna del Congreso del Congreso.
Aseguró que su responsabilidad como presidente de la Junta de Gobierno es hacer bien las cosas, “yo no ando viendo colores, todo lo que aparezca que esté mal se tiene que dar curso”.
El diputado dijo desconocer por qué la observación no se resolvió en la pasada legislatura una vez que la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo la remitió a la Contraloría Interna.
El recurso sin comprobar
El 31 de octubre del 2019, como parte de la fiscalización a la Cuenta Pública 2018 en su segunda entrega, el auditor Superior del Estado de Hidalgo, Armando Roldán Pimentel dio a conocer que el Congreso del estado tenía observaciones por un millón 159 mil 986 pesos, las cuales fueron identificadas a finales del 2018 cuando el coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Raúl Baptista González, era el presidente de la Junta de Gobierno de la 64 legislatura.
La observación obedeció a la falta de documentación justificativa que acreditara los trabajos por la prestación de servicios de consultoría, asesoría técnica especializada y acompañamiento en la elaboración del Paquete Hacendario 2019 durante el periodo del 28 de noviembre al 31 de diciembre del 2018.
El Congreso del estado no presentó el informe respecto de los resultados obtenidos y de acuerdo con el auditor el contrato no se realizó en apego a la normativa en la materia además de que no se garantizó el cumplimiento de dicho contrato, sin embargo evitó dar a conocer el nombre de la consultora debido al proceso de observación en el que se encuentra el Poder Legislativo.
Diez meses después, en agosto del 2020, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y entonces presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, María Luisa Pérez Perusquía, reveló que no se solventaron observaciones hechas por la Auditoría a la legislatura local sobre la consultoría por lo que sería el área jurídica de la ASEH quien debía determinar el procedimiento a seguir.
A tan solo nueve días de que se cumplan dos años de la observación de la Auditoría al Congreso, Armando Roldán dio a conocer que fue turnada a la Contraloría Interna de la 64 legislatura quien debía definir qué iba a proceder, desde una amonestación hasta una sanción mayor.