La Secretaría del Bienestar negó contar con un censo de damnificado por el huracán Otis, en Acapulco y Coyuca de Benítez, en Guerrero, al atender una solicitud de información, por lo que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) le ordenó buscar y entregar los datos requeridos.
A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, un ciudadano requirió a la dependencia, encabezada por Ariadna Montiel, el censo de las personas afectadas por el huracán, con información desagregada del municipio, colonia, código postal, viviendas afectadas, locales afectados y grado de afectación.
En respuesta, la Secretaría informó que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no halló documento físico o digital con la información solicitada.
Inconforme con la respuesta entregada, el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI, en donde el caso fue turnado a la ponencia de la comisionada Blanca Lilia Ibarra, quien consideró imprescindible que se entregue esa información de manera urgente.
En el análisis del caso, la ponencia de la comisionada determinó que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de búsqueda, pues si bien remitió la solicitud a la Unidad de Vinculación Interinstitucional, también debió turnarla a la titular de la Secretaría, pues cuenta con facultades para conocer de lo solicitado.
Sobre todo, porque el Ejecutivo federal le encargó la realización del censo a dicha Secretaría e, incluso, la titular ha dado cuenta de los resultados del mismo.
La ponencia constató que, en las conferencias de prensa matutinas del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 26 de octubre y 23 de noviembre de 2023, se ordenó la realización del censo referido y, posteriormente, la titular del sujeto obligado informó que se registró en el censo que 274 mil viviendas y 47 mil 627 establecimientos mercantiles resultaron afectados por el meteoro, por lo que se entregarían 322 mil apoyos para limpieza o vivienda, entre otros.
Por ello, se identificó que se debió consultar a la Coordinación de Delegaciones, encargada de organizar al personal de campo y la recopilación de la información obtenida; la Unidad de Planeación y Evaluación de Programas para el Desarrollo, que asegura la entrega de beneficios y la correcta inscripción de beneficiarios; la Dirección General de Desarrollo Regional, que supervisa la utilización de fondos para infraestructura social, promoviendo la transparencia de los recursos; y la Dirección General de Operación Integral de Programas, que valida los procesos de altas y bajas de beneficiarios.
Ante la evidencia recopilada, el pleno del INAI determinó, por unanimidad, revocar la respuesta de la Secretaría de Bienestar y le ordenó buscar en todas las unidades administrativas competentes la documentación que dé cuenta del censo de los afectados por el huracán.
“Las consecuencias de los desastres naturales son aún más devastadoras y lo vivimos día a día con los hechos que les he narrado, ya que modifican la calidad de vida de la población, muchas veces de forma irreversible, dejándola en un estado de indefensión donde la pérdida de su patrimonio y de vidas humanas también afectan y repercuten sustantivamente en sus medios de vivir”, expresó Ibarra al exponer el caso ante el pleno.
Consideró que es necesario contar con información pública completa, certera y fidedigna que coadyuve a identificar problemáticas económicas y sociales para la generación de soluciones que propicien el acceso pleno a los derechos básicos de la población, tales como la vivienda, la salud o la educación.
La comisionada recordó que, de acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, en las últimas dos décadas, los desastres naturales han afectado a más de 190 millones de personas en América Latina y el Caribe y, además, han impactado en lugares donde prevalece la pobreza, desigualdad, inseguridad alimentaria y el desplazamiento.
“Los desastres climáticos son preocupantes por su naturaleza cíclica y el aumento en su frecuencia e intensidad, por lo que es probable que para el 2050 los efectos del cambio climático provoquen el desplazamiento de más de 17 millones de personas en busca de mejores condiciones de vida, oportunidades y servicios básicos”, dijo.
LP