La Barra Mexicana, Colegio de Abogados (BMA), señaló el “peligro” que la reciente reforma constitucional presenta, mediante la cual se incorporó como causal de nulidad de las elecciones la acreditación de actos de intervención o injerencia extranjera.
Indicó que la nueva causal de nulidad plantea serias interrogantes respecto de su alcance, definición y operatividad.
“Advertimos que conceptos como ‘intervención’ o ‘injerencia extranjera’ pueden abarcar conductas de muy diversa naturaleza y de carácter ambiguo”.
Litigios prolongados y desconfianza ciudadana
Destacó que la experiencia constitucional mexicana demuestra que las causales de nulidad electoral deben ser de interpretación estricta y sustentarse en parámetros objetivos que permitan acreditar, con claridad y certeza, una afectación grave, determinante y directamente vinculada con el resultado de la elección.
“La incertidumbre jurídica derivada de normas ambiguas puede generar efectos indeseables para la estabilidad política del país. La posibilidad de cuestionar la validez de una elección mediante conceptos amplios o indeterminados podría propiciar litigios prolongados, conflictos postelectorales y una disminución de la confianza ciudadana en los resultados electorales.
“Por ello, la BMA, reconociendo la importancia de proteger la soberanía nacional frente a cualquier intento indebido de intervención extranjera en los procesos electorales, también exhorta a que la legislación secundaria establezca definiciones precisas, objetivas y verificables de los supuestos que puedan constituir injerencia extranjera”
Abogados exigen leyes secundarias con definiciones precisas
La Barra Mexicana indicó que la fortaleza de la democracia mexicana depende de reglas claras, instituciones imparciales y mecanismos que otorguen certidumbre tanto a la ciudadanía como a los actores políticos.
Subrayó que la protección de la soberanía nacional y la preservación de la independencia de los procesos electorales constituyen objetivos legítimos y necesarios en toda democracia.
“Ningún Estado puede permanecer indiferente ante intentos externos de influir ilícitamente en la voluntad popular. Sin embargo, precisamente por la trascendencia de tales valores, las normas que regulan la validez de las elecciones deben cumplir con los más altos estándares de certeza, legalidad, objetividad y seguridad jurídica”, agregó.
IOGE