El gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele pidió el martes al Congreso que apruebe una tercera prórroga del estado de excepción para continuar combatiendo a las pandillas, a las que responsabiliza de la mayoría de los crímenes que se cometen en el país centroamericano.
“Esta guerra si bien es cierto la vamos ganando, hace falta trabajo todavía por realizar”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud para prorrogar por otros 30 días el régimen de excepción.
“La misión que nos están dando los salvadoreños es clara: erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño”, afirmó.
Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros que por décadas han tenido sometido a lo salvadoreños ha logrado reducir los índices de homicidios, las extorsiones, tenencia de armas y drogas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas violaciones, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso y han pedido a Bukele poner fin al régimen de excepción y revertir reformas al Código Penal que aprobó el Congreso, argumentando que tales medidas atentan contra los derechos humanos de la población.
Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 41 mil 346 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas.
Después de que ocurrieran 62 homicidios el 26 de marzo, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto en el caso que continúan las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.
Las autoridades de seguridad sostienen que aunque las medidas extraordinarias han arrojado resultados, muchos pandilleros continúan en libertad y siguen delinquiendo.
JLMR