A cuatro años de la compra simulada de cobertores por parte del gobierno del estado que terminó en denuncias penales, la Fiscalía Anticorrupción de Nuevo León perfila solicitar a un juez la vinculación a proceso a el o los implicados en el escándalo del Cobijagate.
Fuentes de información allegadas a la investigación revelaron a MILENIO Monterrey que los próximos días se contempla emprender la estrategia para judicializar el caso.
Sin embargo, uno de los problemas a los que se están enfrentando es el inejercicio de acción penal dictado por Ernesto Canales Santos, anterior subprocurador Anticorrupción, en el que argumentó en ese entonces que no encontraron elementos para acreditar el delito.
“Seguimos pendientes, la verdad que lo estamos estudiando para judicializar, pero tenemos el gran inconveniente del inejercicio dictado por Canales.
“Pero, yo creo, lo vamos a intentar, lo estamos analizando, pedirle al juez vincular a alguien; aquí, entre nosotros, lo vemos muy cuesta arriba, pero lo debemos de intentar”, informó uno de los involucrados en el expediente del caso.
El 28 de diciembre del 2015, a tres meses de la entrada del gobierno independiente de Jaime Rodríguez Calderón, se concretó la supuesta compra de 200 mil cobertores a precios inflados, por un monto de 28.9 millones de pesos a una empresa fantasma.
Sin embargo, el Congreso de Nuevo León rechazó la cuenta pública del ejercicio fiscal del 2016 del gobierno central, luego de que la Auditoría Superior del Estado (ASE) acreditó la compra de facturas y el pago indebido por colchas nunca recibidas, es decir, una adquisición simulada.
Por ello, el 9 de noviembre del 2018, la Auditoría presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, que encabeza Javier Garza y Garza.
A más de un año de esta acusación penal y a cuatro de la compra inexistente, el órgano autónomo, tras recabar pruebas y elementos, analiza judicializar el caso, decisión que podría darse la próxima semana.
“Lo estamos analizando, pedirle al juez vincular a alguien, en el sistema anterior era pedirle al juez una orden de aprehensión, pero ahora lo estamos viendo, los pros y los contras, a fin de la semana que entra, sabremos sobre la decisión.
“Lo que juzgaron son los hechos y al haber estado juzgados los hechos no pudiéramos irnos contra otras personas (ante el inejercicio de acción penal dictado por Canales)”, señaló la fuente.
Tras el escándalo del Cobijagate, Rogelio Benavides Pintos, entonces titular de la Subsecretaría de Administración, renunció al cargo que tenía en la administración estatal.
En el 2016, la entonces contralora general del estado, Nora Elia Cantú Suárez, compareció ante el Congreso de Nuevo León por este escándalo para explicar a la Comisión Anticorrupción la resolución del caso de la compra polémica de 200 mil cobertores.
Esto después de que el subprocurador Ernesto Canales Santos determinara una multa que apenas sobrepasó los 7 mil pesos a los involucrados en la compra irregular de cobijas, luego de que el proveedor fantasma restituyó el daño económico con más colchas.
Claves
Irregularidad• El 28 de diciembre del 2015, a tres meses de la entrada del gobierno de Jaime Rodríguez Calderón, se concretó la supuesta compra de 200 mil cobertores a precios inflados, por un monto de 28.9 millones de pesos a una empresa fantasma.
Pendiente
• El 9 de noviembre del 2018, la ASE presentó una denuncia penal ante la Fiscalía Anticorrupción, área que analiza judicializar el caso ante la compra simulada de cobertores, por la cual únicamente se impuso una sanción de 7 mil pesos a ex funcionarios.