Para prohibir la difusión y comercialización del contenido intimo sexual sin consentimiento, la bancada de Morena junto con el Frente Nacional para la Sororidad presentó una iniciativa de reforma al Código Penal que plantea una sanción de hasta 8 años de prisión a quien cometa este delito.
El coordinador de la bancada, Ramiro González, junto con la activista Olimpia Coral Melo Cruz, fundadora del Frente, informaron que 7 de cada 10 videos sexuales en páginas de internet se difundieron sin consentimiento de las personas, y en algunos casos incluso desconocían que habían sido grabadas.
- Te recomendamos Denuncian fraude en financiera de autos Comunidad
"Encontramos que existen 84 mercados de explotación digital en plataformas (...) desde este estado. Los municipios más afectados por la violación a la intimidad sexual son Monterrey, Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza", explicó Olimpia.
Señaló que algunas de estas plataformas venden el material hasta por 300 pesos, sin embargo, no todo el material proviene de la práctica del sexting, sino que en algunos casos son videos de mujeres que fueron grabadas en baños públicos o adolescentes caminando afuera de escuelas.
"Hay niñas que solamente van caminando en la calle y son video grabadas aquí en Monterrey sin ningún tipo de legislación y después esos videos son comercializados sexualmente hasta por 200 pesos.
"Encontramos cámaras ocultas en baños públicos de Monterrey, (...) los videos llevan 5 años en la web y muchas de las personas que han sido publicadas ni siquiera lo saben", dijo.
- Te recomendamos Home Depot limpia La Huasteca Negocios
Aclararon que no se trata de criminalizar la práctica del sexting, pero sí de que se publique este material sin consentimiento, ya sea para chantajear o para comercializar.
Olimpia Coral Melo Cruz ha promovido estas reformas desde el 2014 y en 10 estados ya se modificó la ley. En Puebla, por ejemplo, existen 10 denuncias y 2 procesos judiciales por este tema.
La propuesta fue entregada en la Oficialía de Partes del Congreso local y plantea que se modifique el artículo 271 del Código Penal, para elevar de 4 a 8 años de prisión este delito. Actualmente la ley no considera el aspecto de la comercialización de estos materiales.