La diputada local Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, en conjunto con sus compañeros Citlali Jaramillo Ramírez y Juan de Dios Pontigo Loyola, presentó ante la Diputación Permanente del Congreso del estado una iniciativa de reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia con el objetivo de erradicar la discriminación de las mujeres asociada al embarazo, maternidad y lactancia de las que son objeto y a quienes se les niega un empleo por el hecho de estar embarazadas.
Puntualizó que el estado debe garantizar sus derechos laborales, “protegerlas de la discriminación laboral es una condición indispensable para alcanzar una verdadera igualdad de oportunidades y trato para mujeres y hombres en el trabajo y permitir a los trabajadores formar una familia en condiciones de seguridad”.
Señaló que la maternidad y todo lo que entraña siempre ha sido un argumento para discriminar a la mujer, “desde prohibir su entrada en el mercado laboral, hasta crear un techo de cristal en aumentos o cargos importantes”.
La iniciativa plantea que son manifestaciones de la violencia laboral y docente el hostigamiento, acoso sexual y discriminación, entendiendo por hostigamiento sexual, el ejercicio del poder, mediante la violencia física, psicológica, sexual o económica sobre las mujeres a partir de la subordinación que se tiene respecto del patrón o docente independientemente del tipo penal consagrado en las leyes respectivas así como la discriminación en contra de una mujer solicitante de empleo o empleada en razón de su maternidad, embarazo o lactancia.
En tanto, las autoridades administrativas, el Ministerio Público o el órgano jurisdiccional competente, deberá ordenar la protección necesaria, considerando: la discriminación y vulnerabilidad que viven las mujeres y las niñas por razón de identidad de género, embarazo, maternidad, orientación sexual, raza, origen étnico, edad, nacionalidad, discapacidad, religión o cualquiera otra, que las coloque en una situación de mayor riesgo.
Sosa Jiménez enfatizó que la discriminación asociada al embarazo y la maternidad sigue siendo una realidad en el mercado laboral de México, “mujeres a las que se les niega un empleo por estar embarazadas, a las que se despide injustificadamente de sus empleos o a las que se les acosa hasta orillarlas a presentar sus renuncias”.
Mencionó que entre 2017 a septiembre del 2022 el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred) recibió un total de 275 quejas y reclamaciones calificadas como presuntos actos de discriminación relacionados con el despido por embarazo, la mayoría de éstas por parte de empleadores particulares.
“En relación con estas quejas, las mujeres señalaron afectaciones en su derecho al trabajo, a un trato digno y respetuoso, igualdad real de oportunidades y de trato, a la protección de la maternidad, a una vida libre de violencia y a la seguridad social”, refirió.
Finalmente, el presidente de la Diputación Permanente, Julio Manuel Valera Piedras, turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y discriminación.