La fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo para armonizarla con la Ley General en la materia para que los poderes del estado, municipios y organismos sean sujetos obligados a la normativa.
A nombre de la bancada del PRI, la diputada Rocío Jaqueline Sosa Jiménez, señaló que la implementación de Ley de Mejora Regulatoria en el ámbito estatal es una realidad en Hidalgo.
Sin embargo, puntualizó que la legislación vigente en la materia aún no contempla a los poderes legislativos, judicial y los organismos con autonomía constitucionales, “por ello la importancia de armonizar nuestra Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo con la Ley General de Mejora Regulatoria y así establecer como sujetos obligados a los poderes legislativos, judiciales y organismos autónomos”.
Así la iniciativa plantea que en la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Hidalgo serán sujetos obligados: el Poder Ejecutivo del Estado, con las Dependencias y Entidades que integran la Administración Pública Centralizada y Paraestatal así como la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Además del Poder Judicial del Estado; el Poder Legislativo del Estado y la Auditoría Superior del Estado; los Municipios, Ayuntamientos o Concejos Municipales y la Administración Pública Municipal; los organismos públicos autónomos del Estado; y los organismos con jurisdicción contenciosa, que no formen parte del Poder Judicial del Estado.
“La mejora regulatoria es una política pública que consiste en la generación de normas claras, de trámites y servicios simplificados así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto”, agregó Sosa Jiménez.
Puntualizó que su propósito radica en procurar los mayores beneficios para la sociedad con los menores costos posibles mediante la formulación normativa de reglas e incentivos que estimulen la innovación, la confianza en la economía, la productividad y la eficiencia a favor del crecimiento y bienestar general de la sociedad.
Subrayó que con la implementación de la política de mejora regulatoria se busca elevar los niveles de productividad y crecimiento económico en entidades federativas y municipios del país mediante la disminución de obstáculos y costos para los empresarios y ciudadanos al momento que realizan sus actividades.
“La eficiencia administrativa requiere de un gran compromiso no solo del Poder Ejecutivo sino de todos los poderes y niveles de gobierno con la finalidad de estimular la eficiencia y la productividad, al mismo tiempo de reducir la inconformidad de los ciudadanos”, dijo.
El presidente de la Mesa Directiva del Congreso del estado, Edgar Hernández Dañu turnó la iniciativa a la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para su análisis y dictaminación.