La Red ProCiencia MX hizo un llamado a construir una nueva Ley general de ciencia, tecnología e innovación con la participación de la comunidad científica, instituciones educativas públicas y privadas, el sector privado y la ciudadanía, y con ello evitar las imposiciones.
“Es indispensable definir una nueva ley general que sea discutida por todos los sectores de la sociedad, por investigadores, centros públicos de investigación, por universidades, por instituciones de educación superior, por los empresarios, sectores sociales, clase política y no que sea impuesta nada más por las autoridades que en este momento dirigen al Conacyt”, manifestó el doctor Antonio Lazcano, investigador de El Colegio Nacional.
En videoconferencia, la Red presentó una iniciativa para fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación basada en tres aspectos fundamentales: la gobernanza, quién y cómo se deben tomar las decisiones sobre las políticas científicas en este país; el financiamiento, cuánto debe ser y cómo debe distribuirse el presupuesto público, así como el diseño institucional que garantice la legalidad en todas sus formas, libertad de investigación, de cátedra, de expresión, de representación.
Para la gobernanza propusieron un esquema incluyente y participativo donde las prioridades a nivel país se acuerden en un Comité Estratégico nacional que contará con la participación de todos los sectores involucrados.
La iniciativa que recoge la opinión de 11 mil personas que participaron en una consulta pública realizada por la Red, también expone que para el financiamiento se deberá establecer una participación obligatoria del 2 por ciento del presupuesto programable y extraordinario para temas de ciencia, tecnología e innovación en los tres niveles de gobierno.
“Este presupuesto alimentará una banca de desarrollo especializada en el financiamiento de proyectos de investigación e infraestructura científica lo que permitirá simplificar el esquema de financiamiento multianual aprobados por los Comités Estratégicos nacional, estatales o municipales”, indica la propuesta.
En cuanto a la legalidad se definirá con toda precisión los derechos de la sociedad en general, de la planta de investigación y de las instituciones.
“Se determina que la libertad de investigación no debe estar sujeta de ninguna manera a expresiones ideológicas o de cualquier otra índole que no sean el avance del conocimiento bajo un marco ético. La libertad de expresión de la comunidad científica debe estar garantizada mediante los Comités de Consulta y Participación respetando siempre su representatividad. La actividad de investigación de las instituciones que gocen actualmente del rango de autonomía debe ser respetada”, señala la propuesta.
Alma Maldonado, investigadora del Cinvestav, insistió en la necesidad de la construcción plural de un sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación para la coordinación de los sectores público, privado y social.
“Hacemos un llamado para que no se apruebe unilateralmente un proyecto en el que no exista la participación ni se escuche el sentir de la comunidad y esperamos que este llamado sea escuchado por parte de los sectores que corresponden”, expresó.
FS