La bancada del PRI en el Congreso local propondrá una serie de reformas a la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable con la finalidad de que todo aquel empresario transportista que vuelva a realizar paro de labores sea sancionado con fianza y con una inhabilitación de 25 años.
Francisco Cienfuegos, coordinador del PRI, argumentó que las pérdidas económicas de 570 millones de pesos que sufrió el Estado el pasado lunes, por el paro labores de 48 rutas de transporte público, debe merecer una sanción ejemplar.
Para ello, detalló que están buscando que la fianza sea de 600 mil pesos por cada uno de los empresarios que falten a brindar el servicio a los usuarios.
“El Grupo Legislativo del PRI presentará la iniciativa, que solicitaremos se resuelva con carácter de urgente, para que la Ley ordene que el empresario que obtenga una concesión de transporte público deberá, al momento de firmar el consentimiento, depositar una fianza de 600 mil pesos, la cual será empleada para el traslado de los usuarios en caso de que se realice un paro de unidades. Asimismo, proponemos una inhabilitación de hasta 25 años para poder participar en futuras convocatorias de concesiones.
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“La cantidad de la fianza surge de realizar una regla de tres simple respecto a los 570 millones perdidos, contra los usuarios afectados y el tiempo del paro. Y, al ser una garantía para el Estado, en caso de que se atrevan nuevamente a realizar una acción como la del pasado lunes, dicha fianza sirva para atender la crisis de movilidad que sufrirían los usuarios”, dijo.
Agregó que en la iniciativa también se contempla la figura de la requisa inmediata a todos los empresarios sin distinción alguna.
“En la propuesta también se aclara y reafirma la requisa inmediata que deberá aplicar el Ejecutivo a los transportistas que no otorguen un servicio de calidad”, indicó.
Otro aspecto de la iniciativa, apuntó, incluye la propuesta de que el titular del Consejo Estatal del Transporte tendría que ser ratificado por el Congreso local, con posibilidades de ser removido si no cumple con sus atribuciones.
“Los diputados tenemos la obligación y oportunidad de establecer en las leyes lo que es justo para todos, por eso la iniciativa también contempla que el titular del Consejo Estatal del Transporte sea ratificado por el Poder Legislativo, el cual será removido en caso de ser omiso ante sus atribuciones”, refirió.
Resaltó que el PRI fue el primero en presentar una iniciativa para crear la Procuraduría de la Defensa del Usuario del Transporte Público, a fin de impulsar mayor participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con el transporte, además de que el propio partido también fue el primero en interponer un amparo colectivo en contra el eventual incremento a las tarifas.