El ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, promovió un amparo donde impugna que las autoridades han rechazado otorgarle una constancia para demostrar que es residente de dicha entidad, acción dijo con la que se busca “paralizar” su carrera política.
Juan Fernando Alvarado López, juez Séptimo de Distrito con residencia en la ciudad tamaulipeca de Reynosa, dio entrada a la demanda.
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De acuerdo con el expediente, el lunes 23 de enero, se recibió un escrito del ex mandatario estatal para ampliar su demanda de garantías que presentó a mediados de diciembre pasado, donde reclama lo siguiente:
“El acuerdo de 12 de diciembre de 2023, en el cual determinan que el suscrito quejoso no acredité la residencia efectiva en el municipio de Reynosa, Tamaulipas; al tiempo que declaran que no es procedente la expedición de la constancia de residencia peticionada.
“El acoso, así como la utilización ilegal del poder, con apariencia de legalidad, con la intención de paralizar mi carrera política, a través de la guerra política implementada en mi contra” (sic).
No obstante, el juzgador previno al quejoso para que, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente en que surta efectos la notificación, subsane su ampliación de demanda.
El juez indicó que Cabeza de Vaca deberá acreditar o manifestar los motivos por los cuales considera que existe una estrecha relación entre los actos que pretende integrar a su amparo con lo solicitado en el escrito inicial de la demanda.
Lo anterior, porque manifestó que el 3 de julio del año pasado, su apoderado legal, acudió a la Secretaría del Ayuntamiento de Reynosa, Tamaulipas, a solicitar en su nombre y representación una constancia de residencia.
Sin embargo, el 3 de octubre de pasado, una apoderada legal del quejoso, también solicitó a su nombre una constancia de residencia.
Alvarado López advirtió que, de no desahogar el requerimiento, se entenderá que dichos actos no tienen estrecha vinculación entre sí.
Es de mencionar que, en diciembre pasado, una jueza federal ordenó cancelar la orden de aprehensión librada contra el ex gobernador, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de ser probable responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Adriana Yolanda Vega Marroquín, jueza Octavo de Distrito con sede en Tamaulipas, concedió un amparo que ordena a un juez de control que cancele la orden de captura y emita una nueva determinación donde señale que no existen los delitos que se le imputan al ex mandatario estatal.
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