El juez federal Faustino Gutiérrez Pérez, quien ordenó cancelar la orden de aprehensión contra el ex gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, ha tenido en sus manos asuntos relevantes como el de personal de la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) que fue imputado por la desaparición de personas.
MILENIO publicó que el juez Octavo de Distrito en Tamaulipas, determinó que no existen datos que demuestren que elementos de la Semar hayan cometido el delito de desaparición forzada de personas en agravio de Noé Ignacio Alférez Hernández y de Jonathan Ballesteros Loza, en la ciudad de Nuevo Laredo, tal y como fue denunciado en la Fiscalía General de la República (FGR).
El juzgador ordenó la libertad de 12 de 30 marinos que permanecían en la Prisión Militar Número Uno, en la Ciudad de México, a los que amparó porque “no se probó la existencia de dos testigos presenciales” que señalaron al personal naval como las personas que revisaron el vehículo de las víctimas tras un choque el 18 de febrero de 2018.
Por otra parte, en el juicio de amparo promovido por el senador panista Ismael Cabeza de Vaca, contra el congelamiento de sus cuentas bancarias, el juez solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que comisionará personal para enviar oficios al Departamento de Justicia de Estados Unidos y al Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) para conocer si solicitaron a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el bloqueo de las cuentas del legislador federal.
En otro juicio, otorgó un amparo que ordenó levantar el bloqueo de las cuentas bancarias de Mariana Gómez Leal, esposa del ex gobernador Cabeza de Vaca.
De igual manera, ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión contra el empresario Juan Francisco Tamez Arellano, quien fue señalado por la FGR de presuntamente formar parte de la organización criminal que ayudó supuestamente al ex gobernador tamaulipeco a lavar dinero.
En 2021, Faustino Gutiérrez otorgó un amparo a Francisco Javier García Cabeza de Vaca, el cual impidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutar la primera orden de aprehensión que fue otorgada por los presuntos delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El juez consideró que el entonces mandatario estatal tenía fuero y que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) tenía que resolver el caso, la cual al final falló de manera favorable al gobernador.
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