Ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, senadores del Partido del Trabajo presentaron un punto de acuerdo para que se congelen las cuentas del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca y la Suprema Corte agilice la resolución en torno a la controversia constitucional contra el desafuero.
“Él fue acusado por la Fiscalía General de la República por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada, operación con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada”, señalaron Geovanna del Carmen Bañuelos de la Torre y Miguel Ángel Lucero Olivas del grupo parlamentario en mención.
En su exposición de motivos, recordaron que el pasado 30 de abril la Cámara de Diputados sesionó por más de siete horas, como jurado de procedencia para revisar y votar el desafuero, obteniéndose 302 votos a favor, 134 en contra y 14 abstenciones.
“Se acordó que el gobernador panista perdiera la protección jurídica que le otorgó la Constitución”, apuntaron en su planteamiento, al insistir en que el Congreso de la Unión sí puede retirar la inmunidad a un mandatario estatal, siempre y cuando se trate de un delito del orden federal, supuesto que, apuntan, se cumple en este caso.
Mencionaron que el efecto de la declaración es para separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal, pero si culmina en sentencia absolutoria podrá reasumir su función.
“Por lo tanto, Cabeza de Vaca debe ser removido de su cargo, so pena de romper el orden constitucional”.
Agregaron que el pasado 6 de mayo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la controversia constitucional que interpuso el Congreso de Tamaulipas contra el desafuero del gobernador.
El pasado lunes se dio a conocer que la FGR recibió información del Departamento de Justicia del Gobierno de Estados Unidos sobre presuntas responsabilidades penales del gobernador, esto vinculado a presuntas irregularidades bancarias, transferencias monetarias y operaciones ilícitas.
“Estamos convencidos que nadie puede estar por encima de la ley. El caso de un gobernador que utiliza su posición para un beneficio personal, desafortunadamente ha quedado normalizado en el pensamiento de la sociedad, dicha conducta no puede seguir así, se debe actuar conforme a la ley y en caso de encontrar elementos de prueba, llegar a las últimas consecuencias”.
Por lo anterior, llevaron a la Permanente punto de acuerdo para “exhortar respetuosamente al gobernador y al Congreso de Tamaulipas acatar los decretos emitidos por el Congreso de la Unión y, por tanto, el orden constitucional”.
Asimismo, demandan congelar sus cuentas y exhortar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que dé celeridad a la emisión de la resolución de la controversia constitucional 50/2021. Este miércoles sesionó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
EAS