El quebranto financiero que estalló en Durango y derivó en denuncias y procesos de investigación contra exfuncionarios de la pasada administración era anticipable al revisar el comportamiento de los últimos días en la gestión como gobernador de José Rosas Aispuro.
Hoy se sabe de malos manejos por al menos mil 500 millones de pesos, lo cual está señalado como apenas una parte del problema que involucra a ex funcionarios de la Secretaría de Finanzas.
A finales de agosto las principales señales de alerta fueron las instituciones educativas y su estructura. Agremiados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) intensifican protestas por la falta de pagos de bonificaciones que le correspondían a sus empleados de la sección 44.
Luego vinieron los extrañamientos de la rectoría de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED) contra el propio José Rosas Aispuro y el 5 de septiembre la comunidad universitaria tomó las calles para exigir el pago de más de 300 millones de pesos que le fueron retenidos a la institución y que llegan de manera directa desde la Federación.
El compromiso fue cubrir todo en el ocaso de la administración estatal, lo cual no ocurrió y desencadenó una denuncia formal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra del gobernador del Estado, el secretario de Finanzas y de Administración, así como del subsecretario de Egresos de dicha dependencia por su probable responsabilidad y la materialización de delitos de corrupción.
De manera paralela el equipo de transición del actual gobernador Esteban Villegas Villarreal denunció públicamente el desaseo financiero que iban a heredar.
"Si el gobierno del estado fuera un hogar, estarían a punto de perder la casa", dijo el 8 de septiembre Marcela Andrade, coordinadora general del equipo Receptor.
A unos días de comenzar la nueva gestión estatal, también señaló que "Durango es el único estado que tiene una calidad de incumplimiento de pago, no se pagan los créditos contratados" e indicó que "ni con la venta de todos los activos del Gobierno del Estado se alcanzarían a cubrir los adeudos pendientes".
Antes de concluir la gestión de Rosas Aispuro también hubo respuestas y justificaciones al quebrando que iba a estar en unas semanas.
La ex coordinadora del Gabinete Estatal, Rosario Castro Lozano sostuvo que en el 2016 se recibió un estado en quiebra. En conferencia de prensa, dijo que el gobierno del ex mandatario Jorge Herrera dejó una deuda de 14 mil 995 millones de pesos y de diversas acciones para rescatar las finanzas en su momento.
Otro de los que defendió el manejo financiero de la pasada administración fue el secretario de Finanzas, Jesús Arturo Díaz Medina quien compareció ante legisladores locales y fue cuestionado por adeudos, aunque éste argumentó que muchos de los problemas financieros derivaron de recortes o falta de apoyo de la federación.
“No hay fórmulas mágicas y se llama endeudamiento. Normalmente endeudamiento bancario”, dijo al reconocer que tuvieron que hacer uso de créditos para salir de compromisos, aunque siempre con el aval del Poder Legislativo.
Sin embargo, los señalamientos hacia el funcionario cobraron relevancia y credibilidad unas semanas más adelante.
Destapa la caja de pandora
A cinco días de haber arrancado el gobierno de Esteban Villegas Villarreal, la Fiscalía de Durango informó de la detención de una ex funcionaria de la Secretaría de Finanzas de la pasada administración por el robo en flagrancia de un millón 500 mil pesos.
La titular de Fiscalía, Sonia de la Garza, detalló que el 16 de septiembre pasado recibieron una denuncia anónima en la que se señaló a una mujer entrar al edificio de la subsecretaría de Finanzas y Administración, y según el denunciante, salió del edificio con fajos de billetes y documentos, los cuales habría trasladado en un vehículo marca de la Mazda color blanco.
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Posteriormente con el paso de los días los nuevos funcionarios estatales detallaron más de la situación que encontraron al llegar a sus dependencias. Tal es el caso de José Guillermo Adame Calderón, Secretario de Educación en el Estado de Durango, (SEED), quien en una visita a La Laguna el pasado cinco de octubre informó de la nómina abultada e irregular.
Refirió que el número excesivo de trabajadores en algunas áreas obliga un replanteamiento de la misma e iniciar un adelgazamiento, aseguró. Hasta el momento se habla de 2 mil trabajadores innecesarios, principalmente en el área administrativa de la dependencia en toda la entidad.
“El abuso de meter gente a la nómina, entregar compensaciones ofensivas para muchos funcionarios, el haber tomado dineros de rubros de los trabajadores como son los dineros que se les descontaban para pagar sus seguros de vida o pagar cuotas sindicales o diferentes descuentos que se hacían vía nómina pues desaparecieron prácticamente y no fueron entregados a sus dueños”.
Adame Calderón señaló también sueldos muy altos en un grupo pequeño de funcionarios de esta secretaría en la administración pasada, pues nada más su antecesor, Rubén Calderón Luján, tenía un pago asignado de 210 mil pesos mensuales.
La sociedad civil tampoco se quedó callada y comenzó a pronunciarse en torno al desaseo financiero. El Observatorio Ciudadano de La Laguna refirió que la deuda estatal adquirida fue silenciosa tras revisar sus cuentas públicas.
“Fue una deuda que se fue adquiriendo año con año y no en uno. Algo un tanto silencioso o discreto, pero que ya en el acumulado pinta una cantidad considerable y tienen comprometido gran parte de su presupuesto”, declaró Marco Antonio Zamarripa, director del organismo, con relación a los propios números de la Secretaría de Finanzas de Durango con corte al segundo trimestre de 2022.
Señaló que las cifras de deuda ponen en jaque el actuar de la administración entrante y lo que representa en derrama económica para la proveeduría local.
“Los primeros años mucho de este costo se va al pago de intereses y en Durango gran parte de la economía del estado depende de los proveedores locales, lo cual pone en riesgo el futuro de las empresas y familias”.
El informe Situación Financiera de Durango al segundo trimestre de 2022 da cuenta que la gestión que recién acabó, solicitó un total de 15 mil 776.8 millones de pesos de deuda con bancos.
Por su lado, Blanca Castro, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en la capital del estado, aseguró que ahora que se cuenta con los mecanismos jurídicos para que, en el momento de detectar anomalías en el manejo de los recursos, se puedan recuperar.
“Que entre la Contraloría, en lo jurídico, y la Fiscalía, para que en determinado momento, ellos se encarguen de darle un proceso legal, y los que tengan que pagar, los que tengan que hacer un ajuste de cuentas que se haga. Pero ya dejarlos en manos de los expertos, y de las dependencias a las que les corresponde, hacer este trabajo, dejarlo con ellos, y seguir trabajando”.
Hasta las últimas consecuencias
El gobernador Esteban Villegas Villarreal afirmó que su administración no va solapar a nadie y las investigaciones por desfalcos en la gestión de su antecesor irán hasta las últimas consecuencias.
“No vamos a encubrir a nadie, ni estamos persiguiendo a alguien, simplemente estamos revisando y todos los días encontramos cosas nuevas, se tiene un desorden financiero en el estado”, dijo a inicios de octubre.
El mandatario dijo que detectaron que recursos que correspondían a ciertas partidas, se utilizaron para otros fines; así como un crédito de mil 700 millones y 189 obras inconclusas y sin pagar.
“El dinero de los maestros, de un fondo, lo utilizaron para otras cosas; el Supremo Tribunal de Justicia se encontró en ceros, mientras que al SAT se le adeudan mil 700 millones de pesos, es por eso que se quitaron las participaciones de manera directa; urge resolver el tema, ya que acaban de quitar 80 millones tan solo para pagar multas y recargos”.
Unos días después presentó un plan de seis acciones para sanear las finanzas estatales.
Dentro de las labores está el homologar los sueldos de los altos funcionarios, les quitaron las compensaciones a quienes abusaban de ello y aquellos quienes tenían la compensación menor y un sueldo bajo se les permitió conservarlas. Eliminaron los teléfonos celulares, están en la búsqueda de 'aviadores' quienes habían entrado en el último año, y reducir nómina al máximo. El uso del combustible, además de hacer una reingeniería de las finanzas para 2023.
El pasado lunes 24 de octubre, la fiscal Sonia Yadira de la Garza dio a conocer que las investigaciones de una primera carpeta de investigación abierta contra una ex funcionaria estatal captada infraganti cuando intentó extraer un millón y medio de pesos de oficinas gubernamentales rindió frutos.
Alcaldes externan preocupación ante deuda a municipios
De tal manera que la investigada fue vinculada a proceso y se desprendieron dos órdenes de aprehensión contra quienes recibirían el dinero que intentó llevarse en septiembre pasado.
La fiscal mencionó que les fueron aseguradas cuatro viviendas, dos terrenos y siete vehículos, además de que las dos personas investigadas adicionalmente habrían desviado o dado un uso indebido a una cantidad de mil 447 millones 630 mil pesos entre 2018 y 2022 al realizar disposiciones de efectivo a través de solicitudes de banco.
“Estas remesas, o disposiciones de efectivo, se realizaron en paquetes que iban desde los 500 mil pesos hasta los 40 millones de pesos, en una sola exhibición. No existe registro del buen uso de estos recursos, y se ha documentado el proceso similar para disponer de este dinero en efectivo”.
Sin embargo, lo ocurrido no ha servido para que la estabilidad financiera de la entidad regrese y ya hubo autoridades de algunos municipios que lo externaron.
El alcalde de Lerdo Homero Martínez Cabrera señaló que las acciones jurídicas no resuelven la deuda que heredaron a los municipios en participaciones y que en el caso de Lerdo es de casi 50 millones de pesos.
Recordó que se arrastra una deuda de dos meses de participaciones federales que retuvo el gobierno estatal.
Irregularidades en la EASE
Cuestionó también que la Entidad de Auditoría Superior del Estado no haya actuado como es debido y detectar las irregularidades en la administración estatal anterior.
"Lo único que yo destacaría es que eso no nos regresa el dinero que nos deben, que los entes de vigilancia regresen el dinero si es que hay algún desvío”.
Al respecto, María de Lourdes Mora Serrano, titular de la Entidad Superior de Auditoría, dijo verifican si efectivamente los mil 447 millones 630 mil pesos fueron malos manejos financieros, denunciados por la Fiscalía General del Estado de Durango y conocer en qué calidad financiera se encuentran.
“Eso lo trae la Fiscalía, necesitaríamos revisar lo que se tiene de ejercicios anteriores. Yo me aboqué a presentar el informe que corresponde de 2021. Estamos cerrando toda la administración, todos los seis años y de las administraciones, para dar al Congreso lo que son de cierres de administraciones”.
Sgg.