La sesión pública en la que se elegiría a los cuatro integrantes faltantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC)del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) fue cancelada después de que tres integrantes de la comisión seleccionadora decidieron no participar en señal de protesta por la forma en que se pretendía desarrollar la misma.
La presidenta de la Comisión de Selección, Elizabeth Soria, y las comisionadas Ángeles Estrada y Mónica Barrera decidieron abandonar la sesión como forma de reclamo después de que el comisionado Mauricio Reyna propuso de último momento un acuerdo para normar las rondas de votación para elegir a los miembros del CPC.
Estrada, Soria y Barrera votaron en contra del acuerdo con el argumento de que no podían aprobar un documento que no habían leído previamente y con detenimiento para su adecuado análisis. Sin embargo, los restantes cinco comisionados votaron a favor, lo que, supuestamente, lo haría válido.
Reyna, por su parte, argumentó que ya había sido leído y que el documento no buscaba más que aportar un elemento de orden a la sesión del día de hoy.
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Ante esto, Soria reprochó que en días previos convocó a los comisionados a una reunión privada justamente para tratar el tema de la metodología de la votación, pero que hubo comisionados que nunca atendieron el llamado.
El comisionado Armando Hernández respondió explicando que las convocatorias tenían que hacerse con la anticipación que establece el reglamento y que no había sido así.
Denuncian despidos en represalia
En su argumentación para abandonar la sesión, la comisionada Mónica Barrera reveló, además, que los integrantes de la Comisión de Selección han recibido amenazas y represalias por su participación en la misma.
Dijo que la comisionada presidenta, Elizabeth Soria, fue despedida de su empleo en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), y la secretaria técnica, Marta Paz, de su empleo en la Fiscalía General de la República (FGR), en represalia por su participación en la Comisión de Selección.
“Ha habido un gran sabotaje a nuestro trabajo, ha habido muchas presiones; ellas dos perdieron su empleo y eso lo tiene que saber la sociedad civil, lo tiene que saber el INAI, lo tiene que saber la FGR. Ellas perdieron su empleo y las causas están relacionadas con este proceso y yo sí quiero hacer una denuncia pública de lo que ha estado sucediendo”, dijo Barrera.
La ley no prohíbe que los integrantes de la Comisión de Selección que sean servidores públicos en activo, pues su participación en la misma es honorífico, es decir, no perciben sueldos. Actualmente, Soria trabajaba como subdirectora de Coordinación en la Secretaría de Acceso a la Información.
La superior inmediata de Soria era Ileana Hidalgo, titular de la Secretaría de Acceso a la Información del INAI, quien es ex esposa de Armando Hernández, uno de los integrantes de la Comisión de Selección con el que Soria ha tenido diferencias de opinión, según se observó en la sesión pública de este viernes.
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Por ejemplo, Hernández reclamó que Soria desestimó “unilateralmente” una opinión suya respecto de una minuta del 9 de septiembre; “me dijo que mis observaciones eran improcedentes, no las sometió a la consideración del pleno”, recordó.
Barrera también reveló que la comisionada Ángeles Estrada ha recibido amenazas a su persona en los últimos días y que ha habido calumnias contra otros comisionados en redes sociales y supuestas denuncias contra candidatos que, dijo, ya no saben si creer, pues “hay muchos intereses”.
“Han denostado, han acusado a nuestros comisionados y, por otra parte, también los candidatos han recibido denuncias y todo esto no se debió de haber dado, ni la pérdida de empleo de la secretaria técnica y presidenta. Tampoco se debieron haber dado denuncias y calumnias en redes sociales para cada uno de los comisionados. (...) En vez de que la ciudadanía nos agencie elementos para hacer una adecuada evaluación, ya dudamos de que sean ciertos los aspectos que están pasando”, dijo Barrera.
Hernández denuncia filtración
El comisionado Armando Hernández se sumó a las denuncias públicas y reclamó que se filtró a los medios de comunicación una opinión suya sobre declarar "desierto" el proceso por haberse incumplido la condición de que debían pasar a la fase final 12 candidatos. No obstante, solo pasaron ocho de los 50.
“Quiero señalar que se hizo pública mi postura de que tuve en una sesión de trabajo que no se había definido como pública y desde el interior alguien hizo pública mi postura, además, acusándome de razones que faltan a la verdad para haber hecho una propuesta en su momento. Es grave que no tengamos la posibilidad de trabajar adecuadamente al interior; al exterior, los medios de comunicación y las redes sociales no tienen por qué generarnos presión”, dijo Hernández.
Tras el cierre de la sesión por falta de quórum, no se fijó una nueva fecha, pero Hernández dijo que la convocatoria tiene plazos y que la decisión debe tomarse antes del próximo lunes.
“Si estas fallas del procedimiento son empleadas para impugnarlo, ni hablar, pero tenemos que hacerlo”, dijo.
EHR