A pesar de que 300 hectáreas del Ejido Zarahemla están bajo posesión de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, gente afín al ex candidato a alcalde del PRD, Carlos Hafen, invade los terrenos. Así lo acusan habitantes de este poblado fundado en 1974 por el patriarca de la familia LeBarón, Joel LeBarón.
“En diciembre de 2019 ocurrió el despojo, que tratamos de impedir”, recordó Fernando Castro, quien entonces presidía el comisariado del Ejido.
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Personas ajenas a su comunidad, dijo, incendiaron viviendas que empezaron a ser construidas por los hijos de ejidatarios, luego de que se les entregaron en donación.
A pesar de la Fiscalía investiga dicha posesión y ordenó que nadie entrara, siguen haciéndolo, reclamó Adrián LeBarón.
El hijo del fundador de Zarahemla confía en que una vez que las autoridades revisen los documentos en el Registro Agrario Nacional (RAN) les darán la razón de que esas 300 hectáreas son de la comunidad y no de Carlos Hafen, que se adueñó prescribiéndolas con ayuda de un juez local.
El ex candidato “quiere llegar a un arreglo con nosotros, pero el arreglo es que nosotros nos salgamos de las tierras, que ya no se las peleemos. Y pues eso no va a suceder ¿por qué?, porque han sido de nosotros desde el 74”, declaró Fernando Castro.
A raíz de ese conflicto hay una serie de demandas interpuestas por Hafen; en una figuran 12 pobladores, incluidas dos de sus hermanas y sus respectivos esposos.
Elvia Hafen no creía que su hermano fuera capaz de hacerlo, como se lo habían advertido.
“Él no haría algo así? ¿No?, ¡Sí! Y lo hizo, mi esposo estuvo en la cárcel”, mencionó.
Se trata de Julio y Pablo Castillo Córdova, quienes junto con los hermanos Román y Benjamín Zárate Carrereto estuvieron presos al ser denunciados de ser presuntos responsables de homicidio calificado en grado de tentativa.
Todo fue una riña, aseguró Fernando Castro, también acusado de cometer otros delitos por pelear sus tierras.
Los cuatro acusados quedaron libres, porque ganaron un amparo, pero hace unas semanas la FGE reinició el proceso, a petición de los invasores, y solicitó ante un juez que se vinculara a proceso a los cuatro implicados.
El juzgado definió que eran presuntos culpables y aunque los vinculó a proceso, determinó dejarlos en libertad el lunes pasado bajo el argumento de que se presentaron de manera voluntaria.
Ahora deben ir a firmar cada quince días, mientras la FGE concluye la investigación en 60 días y se define si son inocentes o culpables.
FS