La Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) y la Contraloría estatal concluyeron la capacitación de 2 mil mandos medios y superiores del gobierno estatal para evitar que incurran en delitos electorales durante el proceso que está en marcha y que se hagan acreedores a sanciones penales y administrativas.
En entrevista, el director de Responsabilidades de la Contraloría, Jorge Bernáldez Aguilar, aseguró que aplicarán todo el peso de la ley a quien violente la norma, y puso a disposición de cualquier persona su página en internet a través del Sistema de Atención Mexiquense (SAM), o el número 01 800 720 0202 para denunciar las conductas anómalas.
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"Debemos ser muy cuidadosos de respetar los principios que rigen el servicio público, que son legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia. Los funcionarios no deben infringir alguna norma electoral o incurrir en alguna conducta que pudiera ser constitutiva de delito en la materia", abundó.
En los cursos les explicaron qué conductas representan ilícitos en el ámbito, especialmente cuando se trata de servidores públicos, lo cual genera una agravante e impide salir en libertad bajo caución. La penalidad es de 200 a 400 días multa y de dos a nueve años de prisión.
Esto a quienes coaccionen o amenacen a sus subordinados para que participen en eventos proselitistas; condicionen la prestación de un servicio público, el cumplimiento de programas gubernamentales, el otorgamiento de concesiones, permisos, licencias, autorizaciones, franquicias o la realización de obras públicas.
Asimismo se castiga a quien destine, utilice o permita la utilización de manera ilegal de fondos, bienes o servicios a su disposición; proporcione apoyo o preste algún servicio a temas político-electorales en horarios de labores; solicite aportaciones en dinero en especie o se abstenga de entregar información relacionada con la fiscalización.
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El funcionario estatal apuntó que estarán atentos y revisarán todas las áreas, en especial donde manejan recursos o hacen difusión de propaganda gubernamental, porque viene la etapa de veda informática donde no pueden difundirse logros, nombres de servidores públicos, salvo las restricciones legales que son en materia de salud, educación y protección civil por emergencias.
Todas las quejas que reciban, aseveró, serán investigadas. Si no corresponden al ámbito administrativo se turnarán a la instancia correspondiente. Si el involucrado es un servidor público se turna al órgano de control interno o a la Dirección de Responsabilidades para un periodo de información previa, con lo cual se le dará garantía de audiencia para que ofrezca pruebas y alegatos a su favor.
En promedio tardan 30 días en atender cada caso y mantienen informado a quien interponen la denuncia.
RAM