Por unanimidad de votos, el Pleno del Congreso de Nuevo León aprobó una reforma al artículo 224 del Código Penal Estatal para castigar con hasta nueve años de cárcel al servidor público, miembro de una institución policiaca o de administración y procuración de justicia que reproduzca difunda, comparta, comercialice, oferte, intercambie publique o exhiba imágenes de víctimas del feminicidio.
En sesión ordinaria de Pleno, Lorena de la Garza, legisladora del PRI y promovente del tema, dijo que los ministeriales o policías no deben compartir con personas ajenas a la investigación o proceso penal, pues se les impondrá una multa de hasta 31 mil 122 pesos.
“Lastimosamente vimos cómo se distribuían sin pudor las imágenes de éstas mujeres víctimas, entonces sabiendo que eso había sido muy probablemente iniciado por servidores públicos que llegaban a atender los lugares de los hechos, nos vimos en la necesidad de hacer la reforma para proteger a las mujeres víctimas de esos delitos.
“Una mujer que es privada de su vida deja detrás de ella una estela de personas que están llorando su muerte, y pasar a éstas personas por el doble proceso de revictimización de la mujer fallecida creemos que no es justo, y menos cuando es propiciado por una persona integrante de cualquier área”, señaló.
Paola Coronado, del PAN, dijo que en el 2021 se registraron 949 muertes, equivalente a 11 mujeres al día.
“Es importante legislar en este tema tan importante para que pueda ser incorporado en este Código Penal del Estado, información confidencial de las víctimas y si en el mal uso de ella llega a un tercero”, refirió.
Iraís Reyes, de MC, dijo que estas acciones atentan contra la dignidad de la víctima directa y los indirectos del núcleo familiar, además de causar una afectación a las mujeres en general.
“En la sociedad se le conoce popularmente como Ley Ingrid a la reformas a los códigos penales locales de las entidades federativas, por los cuales se tipifica como delito la difusión de imágenes o videos del cuerpo de víctimas de feminicidio, así como documentos o información personal, en algunos estados se dejó de forma general para las víctimas de cualquier delito”, concluyó.