Al insistir en que hay información clave para resolver el paradero de los normalistas de Ayotzinapa, ex integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Internacionales (GIEI) afirmaron que el caso se pudo resolver en las primeras semanas si el gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto no hubiera negado la existencia de documentos e intervenciones telefónicas.
No obstante, la negativa sobre información importante que, aseguraron, podría llevar al paradero de los estudiantes desaparecidos la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre, se encuentra en manos del Ejército.
Durante el foro A 9 años del caso Ayotzinapa, ¿Que sigue?, Carlos Beristain, quién formara parte del GIEI, dijo que la negativa de la administración anterior y los obstáculos que han encontrado en esta, han empeorado en materia política y social el caso.
"Quedarse en la negación de la verdad no es constructivo y va a traer muchos más problemas como ya los ha traído hasta ahora, los trajo en su momento con la llamada verdad histórica, eso muestra como en los fenómenos de negación de la realidad conllevaron a un empeoramiento un caso que se podía haber resuelto en los primeros días porque lo que duele a uno como investigador y a todos nosotros que investigamos este caso, cómo teniendo tantos elementos en la mano porqué ese caso no se resolvió a los dos semanas o a los tres, porque había los elementos para poder resolverlo y esto creo que necesita una reflexión para las instituciones de seguridad, para la fiscalía, para la sociedad mexicana porque es todo eso es lo que nos ha traído hasta aquí", expresó.
Comentó que el GIEI no logró resolver el caso por múltiples factores, pero "lo que mostramos al país es una agenda de por dónde seguir buscando y cuál es la información que sí existe, que no se puede negar que exista, aunque hemos vivido muchos momentos en que se ha negado ¿Y eso es determinante para la resolución del caso? sin duda", agregó.
En el foro estuvieron presente Bernabé Abraham y Joaquina García, padres de uno de los estudiantes, y participaron Vidulfo Rosales, abogado de los familiares y Ángela Buitrago, ex integrante del GiEI, quien destacó la necesidad de investigaciones autónomas para resolver casos de violaciones a derechos humanos.
"Mientras no haya una independencia real y autonomía real, no habrá posibilidad de avanzar en el término de acceso a la justicia, del derecho a saber, a conocer ese derecho a la verdad pero mucho menos del derecho a la posibilidad de reparación del daño.
"Creemos que entonces para llegar a seguir avanzando tiene que haber una decisión real y no solamente una decisión política, una decisión de Justicia, de los entes de justicia de la fiscalía y de los jueces"
Los expertos coincidieron con Vidulfo Rosales en que hay pruebas suficientes de que existe información en manos de la Sedena que no ha sido entregada ni a la Fiscalía.
"El llamado que nosotros estamos haciendo a las autoridades del gobierno es a que se exijan a las autoridades militares que toda esta información que acabamos nosotros de referir se ponga a disposición de las autoridades ni siquiera queremos que se haga público o que se le dé a los medios, que se ponga a disposición de las autoridades que se están investigando porque hoy en día lo que estamos viviendo en este momento es un debate que confunde la sociedad, porque el presidente está anclado en un punto irreductible en el que dice que la información ya se entregó, se refiere a la información general que se le entregó al grupo interdisciplinario de expertos independientes donde justamente se encontraron estos documentos más específicos, pero son documentos incompletos", concluyó Rosales.