A un año de que la Fiscalía General de la República (FGR) enterró la denominada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa, la dependencia sólo cambió la narrativa de los hechos y emprendió acciones contra ex funcionarios que presuntamente torturaron a los implicados en la desaparición de los normalistas.
Hasta el día de hoy, los jóvenes continúan sin ser localizados y está vigente la hipótesis en el sentido de que el grupo criminal Guerreros Unidos es el responsable de la desaparición de los estudiantes.
Sin embargo, la nueva administración ha asegurado que restos óseos identificados por la Universidad de Medicina de Inssbruck, en Austria, fueron localizados en un sitio distinto al basurero de Cocula. Los nuevos restos se hallaron en la Barranca de la Carnicería, es decir, a 800 metros del citado basurero.
La identificación de algunas víctimas ya se había realizado cuando Arely Gómez González era la procuradora general de la República. La nueva gestión ratificó la identificación de Jhosivani Guerrero de la Cruz, pero a través de ADN nuclear a una vértebra lumbar.
También reconfirmó la muerte de Alexander Mora Venancio, dos de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en septiembre de 2014.
Parte de las nuevas investigaciones que ha realizado el Ministerio Público Federal también se han basado en testigos colaboradores como Gildardo López Astudillo, El Gil, ahora con nombre clave “Juan”, señalado por la pasada administración de ser el jefe de sicarios de la mencionada organización criminal y de quien, se dijo, ordenó secuestrar, matar e incinerar a los estudiantes.
El 30 de junio de 2020, el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero anunció el fin de la “verdad histórica” e informó que solicitó 46 órdenes de aprehensión contra funcionarios de municipios de Guerrero a quienes acusó de delincuencia organizada y desaparición forzada.
Un mes después, la FGR detuvo a José Ángel Casarrubias Salgado El Mochomo, presunto líder de Guerrero Unidos, quien fue liberado por María del Socorro Castillo Sánchez, jueza Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, porque el Ministerio Público Federal no aportó pruebas para demostrar su probable participación de en los sucesos ocurridos en Iguala, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.
Tras dos periodos de arraigo, la FGR judicializó una carpeta de investigación y logró que un juez federal dictara auto de formal prisión contra El Mochomo, quien fue acusado por la desaparición de los normalistas y por delincuencia organizada.
En septiembre pasado, otro juez dictó auto de formal prisión contra el ex jefe de la Policía Federal Ministerial (PFM) de la entonces PGR, Carlos Gómez Arrieta, por su presunta responsabilidad en los delitos contra la administración de la justicia y tortura en agravio de uno de los sospechosos de la desaparición de los estudiantes.
Se presume que Gómez Arrieta participó en la tortura que sufrió Carlos Canto Salgado, señalado como integrante de Guerreros Unidos.
También en septiembre de 2020 se vinculó a proceso a Blanca Alicia Bernal Castilla, ex agente del Ministerio Público Federal que estuvo adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), y quien participó en la indagatoria de la desaparición de los normalistas.
En noviembre, un juez dictó auto de formal prisión contra el capitán del Ejército en retiro José Martínez Crespo, quien fue acusado por el presunto delito de delincuencia organizada en su modalidad de cometer delitos contra la salud.
El capitán Martínez Crespo fue quien tomó dos fotografías de jóvenes estudiantes y de un profesor, después de que, atendiendo las órdenes de su comandante del 27 de Batallón de Infantería, se dirigió a una clínica privada en el municipio de Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 porque al parecer había gente armada.
Un mes después de ponerse fin a la “verdad histórica”, se difundió en redes sociales un video donde se observa al presunto sicario Felipe Rodríguez Salgado El Cepillo siendo torturado. En el lugar también se ve al ex director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Tomás Zerón de Lucio, y al agente del Ministerio Público Federal, Abraham Eslava. Hoy, Tomás Zerón se refugia en Israel y la FGR intenta extraditarlo para cumplimentar las órdenes de captura que hay en su contra.
dmr