El fiscal especial del caso Iguala, Omar Gómez, aseguró que "existe evidencia" de que las autoridades recurrieron de forma generalizada a la tortura para aportar pruebas a la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa.
"Existe evidencia que sustenta que efectivamente la tortura se utilizó de forma generalizada", aseguró el fiscal especial del caso, destacando que "tenemos más de 40 videos que fueron aportados a la investigación [...] que muestra a funcionarios públicos interrogado de forma irregular y a través de tortura física o psicológica a estos presuntos culpables".
Añadió que estas grabaciones se sumaron a las declaraciones de testigos presenciales y estos agravios no sólo corroboran la tortura ejercida por parte de la extinta PGR, sino que favoreció al encubrimiento del caso.
Como adelantó MILENIO, el extinto Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) realizó 40 grabaciones de interrogatorios practicados a testigos del caso Ayotzinapa, en los que se observa a funcionarios públicos sometiendo a tortura a varios de los informantes que supuestamente estaban involucrados en la desaparición de los 43 normalistas.
Este material forma parte del robusto expediente que fue construido en la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, el cual documenta “manipulación masiva y sistemática” de las evidencias para fabricar la llamada “verdad histórica”, revelaron a MILENIO funcionarios cercanos a la investigación.
Estos 40 videos se reparten en 57 carpetas digitales, que además contienen pruebas forenses —incluidas las obtenidas de teléfonos celulares extraídos ilegalmente por la PGR— y forman parte del arsenal de evidencias y testimonios sobre el que la Unidad Ayotzinapa sustentará denuncias penales por asociación delictuosa contra los sospechosos de falsificar la investigación oficial.
Omar Gómez puntualizó que la investigación de la "verdad histórica" ya fue refutada de manera unánime" tanto por el Grupo Interdisciplinar de Expertos Independientes (GIEI), como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las Naciones Unidas, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), organismos de protección de Derechos Humanos nacionales e internacionales y el Poder Judicial de la Federación en su resolución de 2018 por el Tribunal colegiado de Reynosa, Tamaulipas.
"Nosotros ahora los fiscales la refutamos con hechos corroborados y pruebas contundentes de lo que se hizo. Fue la manipulación de una investigación que desde un origen tuvo que haber dado con el paradero y con el conocimiento de lo que ocurrió, con los estudiantes", aseguró el fiscal especial del caso.
Afirmó que la investigación estuvo viciada desde un inicio y que su unidad ya ha iniciado los procedimientos penales por las "irregularidades y delitos" que fueron cometidos durante las pesquisas.
Subrayó que las torturas fueron sólo "un instrumento más para fabricar pruebas y manipular evidencias con el fin de defender una narrativa acotada y encapsulada al basurero de Cocula y al río San Juan, y que toda la responsabilidad recaerá en unos policías municipales y no en el aparato criminal que convivía entre autoridades de todos los niveles y la delincuencia organizada".
dmr