La Fiscalía General de la República imputó a Javier Duarte por un presunto delito de peculado por cinco millones de pesos, además, consiguió que un juez federal decretara prisión preventiva justificada en su contra.
Ante el juez de control Gustavo Aquiles Villaseñor, en el Centro de Justicia Penal Federal, el fiscal Julio Antonio Cobos Castillo aseguró que el veracruzano firmó un decreto que se publicó en la gaceta oficial de la citada entidad el 19 de diciembre de 2011, a través del cual ordenó la distribución de los recursos de libre aplicación, mezclando recursos federales y estatales para otros fines.
Expuso que la Tesorería de la Federación (Tesofe) transfirió 10 millones de pesos al gobierno de Veracruz, dinero que estaba destinado a un fondo para personas vulnerables, entre ellos, para niños y adultos mayores.
El dinero, apuntó, tenía que llegar a la Casa del Niño “Manuel Gutiérrez Zamora” y a la Casa del Adulto Mayor “Mariana Zagayo”, en la ciudad de Xalapa.
Explicó que los recursos fueron acordados tras un convenio celebrado entre la Secretaría de Salud federal (SSA)con el gobierno estatal.
Posteriormente, el 2 de julio de 2012 se firmó un segundo convenio, entre la SSA la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) del estado.
Los 10 millones fueron transferidos a una cuenta del gobierno estatal aperturada en el banco Santander; por su parte, Sefiplan aperturó una cuenta en la institución crediticia HSBC.
“JDO instruyó a Tomás Ruiz González, secretario de finanzas, para determinar que los recursos se utilizaran en otras áreas… la Sefiplan realizó dos distracciones”.
El 3 de octubre de 2012, la cuenta receptora (Santander) transfirió 9 millones 500 mil pesos a otra cuenta concentradora en el banco BBVA. Después, la concentradora transfirió dicha cantidad, además de 10 mil pesos más a la cuenta receptora.
Una vez más, la receptora transfirió 5 millones de pesos y el 8 de octubre se enviaron a la cuenta concentradora.
El fiscal afirmó que los recursos federales se mezclaron con los estatales para pagar la nómina del estado, pensiones y a proveedores de servicios.
No fui secretario
Tras escuchar la imputación, Javier Duarte declaró ante el juez: “Yo no fui secretario de finanzas y planeación, fui gobernador de gobernador… Habla de que yo di la instrucción, habla de una gaceta oficial del estado donde yo ordené al secretario… Su señoría, no entiendo”.
Cobos Castillo volvió a pedir la palabra y dejó claro que la presunta
responsabilidad del ex funcionarioes en el grado de coautoría por la publicación de la gaceta. Agregó que la cuenta concentradora se canceló en 2014 y los cinco millones no se devolvieron.
El ex gobernador intervino de nuevo:
“Instruí al secretario de Finanzas priorizar los recursos de libre aplicación. Confunde la fiscalía, son recursos estatales no federales… priorizar en materia de educación, salud, seguridad pública y al pago de nómina de los trabajadores jubilados… No existe ni siquiera un indicio en el desvío de recursos federales”.
Testigo protegido
La FGR presentó 38 datos de prueba, entre los que destaca la declaración del ex tesorero y ex subsecretario de Finanzas, Antonio Tarek Abdalá, quien desde hace siete años es
testigo protegido de la fiscalíay cuya declaración fue vital para sentenciar a nueve años de cárcel al ex mandatario.
El fiscal señaló que el 11 de febrero de 2025, la FGR practicó una nueva entrevista al testigo protegido, quien comentó que los recursos federales y estatales se mezclaban y que el dinero también era utilizado para hacer pagos a medios de comunicación.
El testigo destacó que se llevaban a cabo juntas a las que asistían funcionarios estatales, reuniones en las que predominaba la frase: “Barriendo las cuentas, ¿cuánto hace falta para pagar recursos”.
Guatemala
Antes de ser imputado, la defensa de Javier Duarte presentó una incidencia para tratar de evitar que se llevará a cabo la audiendia, pues recordaron que no se cumplían los requisitos que marca el Tratado de Extradición firmado entre México y Guatemala, porque uno de dos tribunales del país centroamericano no había concedido su entrega por el delito de peculado.
Diego Uriza mencionó que el Tribunal Quinto de Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, el cual concedió su extradición en 2017, no se había pronunciado sobre esta nueva causa penal, sino únicamente el Tribunal Tercero en la misma materia. El primero de tribunales, refirieron, se ha encargado de los temas federales, mientras que el otro de losw asuntos del orden local.
No obstante, el juez consideró fundados los argumentos de la FGR y decretó prisión preventiva, por lo que la situación jurídica del ex gobernador se definirá el próximo martes 17 de febrero, ya que el ex funcionario pidió la duplicidad del término constitucional de 144 horas, para presentar sus alegatos.
HCM