La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y a la Fiscalía General de la República (FGR) atender la recomendación 7VG/2017 para que se investiguen los hechos de tortura que continúan impunes tras la balacera en el municipio de Asunción Nochixtlán, Oaxaca, que derivó en la muerte de seis personas y 28 más lesionadas, en 2016.
La CNDH destacó que los derechos a la verdad, justicia y reparación integral son la respuesta que permitirá el esclarecimiento, investigación, juzgamiento y sanción de los casos graves de violaciones de derechos humanos por parte de la autoridad gubernamental a víctimas de Nochixtlán.
El organismo solicitó a la CEAV cumplir con la deuda que se tiene con las personas en situación víctimas de los hechos ocurridos en la población de Asunción Nochixtlán, San Pablo Huitzo y Tlaxiaco en Oaxaca y sus familias, pues a cinco años de los hechos “se observa una grave falta de acciones que impide acceso a la verdad, justicia y reparación a las personas en situación de víctimas”.
De manera que, la CEAV deberá revisar el listado de las personas en situación de víctimas que hasta la fecha reciben medidas de ayuda inmediata y asistencia, los montos asignados dado que no hay claridad en los criterios para calcular los pagos, así como los requerimientos necesarios para avanzar hacia la reparación integral.
FGR debe mostrar voluntad política en el caso
Aunado a ello, se debe generar un mecanismo de coordinación intergubernamental para garantizar y satisfacer las necesidades de atención especializada de las personas en situación de víctimas desde un enfoque de interseccionalidad, género, interculturalidad, infancia y de derechos humanos.
De igual manera, la CNDH solicitó a la FGR mostrar mayor voluntad política para que se realicen todas las diligencias necesarias a efecto de asegurar que las personas en situación víctimas obtengan justicia, reparación integral del daño y garantía de no repetición, así como hacer de su conocimiento el plan de investigación ministerial que realiza dicha institución, dado que es un derecho que les garantiza la Ley General de Víctimas.