La decisión que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tome sobre el caso de Pío López Obrador será definitoria para que las autoridades electorales puedan o no investigar los sobornos de Odebrecht, el presunto financiamiento ilícito en las campañas priistas del 2012 y 2015, así como el supuesto pago de moches a los legisladores panistas para que aprobaran la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto.
Autoridades electorales consideran que si el Tribunal Electoral decide apegarse a la prescripción de delitos de tres años a partir de haberse cometió el acto, entonces los actos de corrupción destapados tras las declaraciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, tampoco podrían reabrirse.
Hace una semana, el Tribunal Electoral aprobó con los votos de los magistrados José Luis Vargas, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera y Mónica Soto rechazar el proyecto del magistrado Indalfer Infante Gonzales que buscaba desechar la petición de Pío López Obrador para que se ordenara al INE que dejara de investigarlo.
El argumento de Pío y su defensa, era que el video en el que aparece recibiendo dinero en efectivo de David León se grabó en el 2015 y si existiera algún delito, prescribió desde el 2018 por la vigencia de tres años que marcaba la ley en ese momento. Además de que el video es ilícito pues viola su derecho a la privacidad y de sancionarlo, incluso se podría caer en una violación irreparable a sus derechos políticos de libre afiliación y respaldo a cualquier movimiento político.
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Con los votos en contra de los magistrados Janine Otálora, Reyes Rodríguez Mondragón y el ponente Infante Gonzales, decidieron turnar de nuevo el proyecto para que se analicen de fondo estas afectaciones y se tome una decisión definitiva.
En esta ocasión, está en manos del magistrado presidente José Luis Vargas quien habrá de determinar si el INE puede o no seguir con la investigación la cual está en curso.
En la sesión pública del 25 de noviembre, los magistrados que avalaron analizar de fondo el asunto, argumentaron que si en efecto, los delitos están prescritos sería “ocioso” concluir la indagatoria pues no podría aplicarse ningún tipo de sanción.
Así, el destino de la lucha contra los actos de corrupción de la pasada administración encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador dependerán de la respuesta favorable o no, que obtenga su hermano. Si Pío gana ante el TEPJF y logra que el INE deje de investigarlo, el gobierno de la cuarta transformación tampoco podrá exigir sanciones al árbitro electoral por los presuntos delitos cometidos en las campañas que el propio mandatario acusa, estuvieron envueltas en fraudes, intervención del gobierno federal y mal uso de recursos públicos.
JLMR