Entre el 2020 y febrero de 2022 se iniciaron en la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH) 105 quejas por discriminación de las cuales solo una ha derivado en recomendación al presidente de Zimapán, Alan Rivera Villanueva, tras la violación del derecho de una persona a no ser discriminada, acto cometido por su hermano y ex edil de Zimapán, Erick Marte Rivera Villanueva.
Las quejas interpuestas ante el organismo estatal obedecen a la preferencia sexual, expresión de género, características físicas, estado de salud, edad, discapacidad, sexo, religión e ideología.
En 2020 se iniciaron 50 quejas, en 2021 el número de quejas por discriminación también sumaron 50, mientras que entre enero y febrero de 2022 se contabilizan cinco quejas.
Contexto
En 2013 la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 1 de marzo como el Día de la Cero Discriminación y la fecha comenzó a conmemorarse a partir del 2014.
En Hidalgo se cuenta con la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Eliminar la Discriminación en la que queda prohibida en el estado de Hidalgo cualquier forma de discriminación que tenga por objeto o resultado, impedir o anular el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos a que se refiere el orden jurídico mexicano y que protege la Ley.
“La discriminación es un trato diferenciado, injustificado o arbitrario que se da basado en nuestras características como la raza, el color de la piel, la nacionalidad, nuestro origen social, la posición económica, la religión, nuestra forma de pensar. Es un trato diferenciado que nos discrimina y que niega derechos o libertades por el solo hecho de sexo, nacionalidad, etcétera”, explicó Javier Jair García Soto, secretario Ejecutivo de la CDHEH.
Apuntes sobre el protocolo cero
Desde el año 2020, en Hidalgo se activó el Protocolo Cero con el objetivo de prevenir, atender y sancionar el acoso y hostigamiento sexual y laboral, así como para el hostigamiento en la administración pública. Con la publicación en el Periódico Oficial del Estado de Hidalgo (POEH), el acuerdo mediante el cual se emite el protocolo determina que, entre otras cosas, tiene el objeto de establecer la guía de actuación de servidores públicos para brindar atención a las víctimas de conductas de acoso sexual o laboral y hostigamiento sexual o laboral, desde una perspectiva de género.