La Auditoria Superior de la Ciudad de México presentó su Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública de la Ciudad de México del ejercicio fiscal 2018 en el que la que se detectaron irregularidades en dependencias del gobierno local así como alcaldías por más de mil 897 millones de pesos y 64 mil 684 dólares.
Asimismo, destacó que se presentaron 47 denuncias, 19 de índole penal ante la Fiscalía General de Justicia, y 28 ante la Secretaría de la Contraloría de la Ciudad de México.
“Se realizaron 194 auditorías a dependencias, entidades, órganos de gobierno y autónomos en las que se generaron mil 923 resultados de auditoria, de los cuales se identificaron 2 mil 335 observaciones de las que derivaron mil 539 recomendaciones”, dijo.
En el informe se refiere a que se detectaron anomalías por parte de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y la Comisión para la Reconstrucción, al no verificar que los inmuebles beneficiados cumplieran todos los requisitos establecidos para el otorgamiento de los apoyos económicos, además de que careció de evidencia documental de la comprobación del pago por la realización de los trabajos de rehabilitación.
“Dichas omisiones propiciaron un daño aproximado a los 544 millones de pesos, que corresponde al monto otorgado como apoyo para la reconstrucción y rehabilitación de los 14 inmuebles seleccionados como muestra”.
De la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) se dijo que pagó un anticipo adicional con el convenio modificatorio de anticipo, sin justificar y fundamentar que era necesario ampliarlo debido a una mala planeación y programación de la obra.
“Además, celebró 13 convenios, que, entre otras situaciones, afectaron el período de ejecución y el presupuesto original. También se pagaron cerca de 220 millones de pesos (sin IVA), por concepto de actualización de los precios de la proposición, sin acreditar el cálculo, determinación y realizado conforme al procedimiento convenido por las partes en el contrato”.
Con relación a la construcción de la ampliación de la Línea 12 del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, acotó, la Sobse pagó 30 millones 313 mil pesos (sin IVA) por concepto de la actualización del costo de los insumos, con un factor de 1.061056, sin acreditar la solicitud, cálculo, determinación y autorización de dicho factor.
Destacó que la Secretaria de Desarrollo Económico realizó el pago de un millón 950 mil pesos por el arrendamiento de 114 locales temporales para los mercados de San Gregorio Atlapulco, San Juan Ixtayopan, Santa Cecilia y San Juan Curiosidades que no entregó a los locatarios.
“En la Secretaría del Medio Ambiente se detectó que no obtuvo la autorización de la Dirección General de Patrimonio Inmobiliario para celebrar un contrato de arrendamiento; que formalizó un contrato por un importe mayor al señalado en el Dictamen de Fallo de una invitación restringida a cuando menos tres proveedores; también que no acreditó la recepción de los servicios de un contrato por un monto de 953 mil pesos”.
Asimismo, subrayó, no contó con la ficha de depósito que comprueba la entrega de 64 mil 684 dólares a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura y careció de la documentación comprobatoria por 3.5 millones de pesos, relativos al servicio de acompañamiento técnico.
“En lo referente a la Secretaria de Desarrollo Social, hoy de Inclusión y Bienestar Social, no se acreditó la existencia de 228 tanques estacionarios por un importe de un millón 368 mil pesos que debían estar resguardados en el almacén del proveedor; no acreditó la entrega de mil 300 laptop y 10 mil 18 tanques de gas por un monto de 40 millones 354 mil de pesos de la acción institucional ‘Intervención social inmediata Ciudad de México’”.
En la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo se observó que otorgó ayudas económicas por 68 mil pesos a cinco beneficiarios que no cumplieron todos los requisitos para acceder al programa Seguro de Desempleo y tampoco comprobó la entrega de ayudas económicas por 28 mil pesos a tres beneficiarios del mismo programa.
Alcaldías
En relación a las delegaciones, hoy alcaldías, Azcapotzalco no acreditó la instalación de dos unidades de bombeo por 237 mil pesos.
En Coyoacán no se solicitó la devolución de 3 millones 861 mil pesos que no fueron dispersados a beneficiarios de un programa social; no acreditó que 40 mil tabletas electrónicas correspondieran a las características y especificaciones de los bienes contratados; tampoco acreditó el cumplimiento de acceso a una acción para el desarrollo social y no contó con un medio de comprobación documental que acredite el otorgamiento de las ayudas a los beneficiarios.
“Cuajimalpa no contó con evidencia documental que comprobara la subrogación de 30 mil 500 servicios médicos especializados”.
Por su parte, en Gustavo A. Madero no se fundó ni motivó y tampoco contó con causas justificables para declarar desierta una licitación pública nacional; asimismo, no acreditó el estudio de mercado correspondiente; y no acreditó la autorización del titular de la demarcación y la justificación del área requirente para realizar cuatro adjudicaciones directas; y no acreditó el destino de 72 mil 402 despensas.
Por su parte, Iztacalco no acreditó la entrega de 3 mil 852 dotaciones de canastas básicas de una actividad de desarrollo social por cerca de 5 millones de pesos, y no contó con un padrón de beneficiarios ni con expedientes.
“Iztapalapa no tuvo autorización del titular del órgano político- administrativo para la entrega de las ayudas de una acción institucional por 150 millones de pesos; tampoco con padrones de beneficiarios, ni expedientes y no acreditó la entrega de las ayudas económicas de dos acciones institucionales por 141 millones 362 mil pesos.
En Magdalena Contreras no hubo autorización del titular del órgano político-administrativo, con la constancia de no existencia en almacén y con la póliza de fianza en la formalización de tres contratos; no proporcionó evidencia documental de que haya verificado que un proveedor no se encontrara sancionado por la Contraloría General o por la Secretaría de la Función Pública; no contó con la autorización del COPLADE para un programa social y en tres programas careció de los padrones de beneficiarios y de los expedientes correspondientes.
Finalmente, “en Miguel Hidalgo no se acreditó que la instalación de luminarias se realizara en los plazos establecidos en los contratos y no contó un plan de instalación, asimismo no certificó que los beneficiarios de una acción social hayan realizado las actividades que les correspondía”, concluyó.
EB