El gobierno federal, servicios de atención psiquiátrica y organismos de derechos humanos facilitarán el acceso a servicios de salud a las personas usuarias de sustancias psicoactivas de grupos de atención prioritarios.
A través de la instalación del Comité Interinstitucional de Reducción de Riesgos y Daños de la Ciudad de México, se realizarán acciones de prevención de alcance comunitario con enfoque de derechos humanos y de género entre personas consumidoras.
Durante la instalación del Comité, el titular de la Conadic, Gady Zabicky Sirot mencionó que esta estrategia contribuye a hacer realidad el artículo 4 constitucional del derecho al acceso a servicios de salud, porque el uso de sustancias psicoactivas “no nos convierte en ciudadanos de segunda clase, no perdemos los derechos y garantías que tenemos todos y merecemos también atención médica”.
El comisionado destacó que uno de los objetivos de este gobierno es atender las necesidades y brindar atención a las personas con problemas de consumo de sustancias y de salud mental.
Indicó que México avanza hacia legislaciones más progresistas y humanistas, basadas en evidencia científica, apegadas a derechos humanos y buenas prácticas médicas.
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La directora general de Conadic, Evalinda Barrón Velázquez, indicó que la dignidad, el respeto al libre desarrollo de la personalidad y la no criminalización, son los ejes rectores para construir políticas públicas sobre atención de problemas de salud mental y adicciones.
Explicó que la Estrategia de Reducción de Riesgos y Daños es una política transversal que incorpora los principios de educación, capacitación y supervisión del personal de salud que labora en los tres niveles de atención.
La directora general de Conadic, puntualizó que las personas usuarias de sustancias psicoactivas deben contar con información basada en evidencia científica sobre control de cantidades, formas de consumo, frecuencia y diferencias.
La presidenta de la Comisión de Derechos Humano sde la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández recordó que hace más de una década, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) hizo un llamado a los estados miembros para que, de manera urgente replanteen las políticas públicas orientadas a la atención de personas usuarias de sustancias psicoactivas, ya que el enfoque tradicional no sólo es ineficiente, sino que provoca estigmatización, exclusión, criminalización, marginación y vulnera los derechos humanos.
La 'ombudsperson' dijo que es prioridad continuar apostando por el tratamiento y la abstinencia como estrategias principales o únicas en el abordaje de las adicciones.
Señaló que el uso de sustancias no debería estar asociado a prácticas de riesgo, por lo que se requiere contar con medidas alternativas para promover el bienestar de las personas y cuidar su salud.
La implementación de la Estrategia de Reducción de Daños y Riesgo en personas usuarias de sustancias psicoactivas, es un tema en la agenda de la CDHCM.
El director general del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones de la Ciudad de México, José Antonio Alcocer Sánchez explicó que, esta alianza favorece a los grupos más vulnerables, a quienes se intenta llegar para ofrecer servicios de salud integral de manera gratuita.
El director general de Diversidad Sexual y Derechos Humanos de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México, Jaime Rubén Morales Beltrán, reconoció que se tiene un problema grave de consumo de sustancias, que muchas veces empieza de forma lúdica y se convierte en un problema grave de todos los días, que cambia la vida de las personas y sus familias.
Subrayó que es una obligación del gobierno de la Ciudad de México brindar servicios a los grupos de atención prioritaria, hacer valer sus derechos y ofrecer la posibilidad de salir de esa trampa que son las sustancias psicoactivas.
A la instalación del Comité Interinstitucional de Reducción de Riesgos y Daños de la Ciudad de México asistieron la Comisión Nacional contra las Adicciones (Conadic), los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) y el Secretariado Técnico del Consejo Nacional de Salud Mental (STConsame), el Gobierno de la Ciudad de México y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, con el apoyo de organizaciones de la sociedad civil.
DMN