La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió las primeras tres recomendaciones del año al Hospital Metropolitano, a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado y a la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) al detectar abusos y vulneración a los derechos humanos de las personas.
En rueda de prensa ofrecida este martes, Sofía Velasco, presidenta de la CEDH, explicó que, en el caso del hospital Metropolitano, personal del nosocomio violentó los derechos humanos de una mujer de edad avanzada y aspecto indigente, pues una vez fallecida no buscaron a los familiares y el cuerpo fue entregado a la Universidad de Monterrey (UDEM).
Por tal motivo, la CEDH determinó dar vista a la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor y al hospital Metropolitano para que a la brevedad se inicien los procedimientos de responsabilidad administrativa.
"Que Servicios de Salud de Nuevo León y la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor cubran los gastos que se generen para que sus cenizas sean depositadas en uno de los osarios de la cripta familiar de la peticionaria", pidió Velasco.
En una segunda recomendación, la titular de la CEDH dirigió el escrito a la Fiscalía General de Justicia del Estado al quedar acreditados
actos de tortura en contra de cuatro personas del sexo masculino por parte de elementos de la Policía Ministerial.
Según el recuento, los hechos ocurrieron en los años 2013, 2017 y 2018 en los municipios de Monterrey y San Nicolás, en donde las investigaciones arrojaron que se les realizaron descargas eléctricas y golpes en la cabeza que les ocasionaron perdida del conocimiento.
Ante tal situación, Velasco pidió que, como medida de cumplimiento por parte de la Agencia Estatal de Investigaciones se proporcione el tratamiento médico y psicológico que requieran las víctimas; y que se investigue y determine la responsabilidad administrativa contra los agresores; por último, que se investiguen los abusos y se denuncien ante las instancias correspondientes.
En la tercera recomendación, la CEDH se dirigió a la Secretaria de Seguridad Pública del Estado encabezada actualmente por Aldo Fasci Zuazua, quienes en los disturbios y presunta fuga de reos del Tutelar de Menores, en abril de 2017 y octubre de 2018 transgredieron los derechos de las personas privadas de su libertad.
El organismo autónomo relató mediante tres hechos las faltas cometidas por personal del Tutelar de Menores cuando se ubicaba en el municipio de Escobedo.
Velasco detalló que el 7 de abril del 2017, según información periodística, se dio a conocer la presunta fuga de ocho reos, dicha situación ocasionó una violación al derecho de las personas privadas de la libertad por abstención u omisión en el deber de custodia, ya que solamente eran vigilados por cuatro elementos.
Luego, en abril 21 de ese mismo año, en nuevos conatos de disturbios, la CEDH confirmó la agresión a un menor de 17 años de edad, en ese entonces, a quien le facturaron los dientes, situación por la cual consideraron que el personal de Fuerza Penitenciaria y policías de Fuerza Civil, utilizaron desproporcionadamente el uso de la fuerza.
Ya por último, en octubre de 2018, en un nuevo reporte de disturbios en el mismo Tutelar de Menores, la presidenta alegó que se violentaron los derechos de los internos luego de que estos fueran agredidos con armas de fuego, macanas y armas de gotcha, por elementos de Fuerza Institucional, debido a que los internos no querían dejar pasar al personal de Bomberos y de Protección Civil para que apagaran un incendio.
Ante tal situación, Velasco adelantó que las autoridades involucradas tendrán un lapso de 10 días para contestar y aceptar las recomendaciones.
"Yo espero que las acepten, tienen 10 días para que nos digan si las aceptan, yo esperaría que si porque los casos están debidamente documentados", concluyó.