Después de ocho meses, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado luego de determinar qué elementos de Fuerza Civil sí se excedieron en el uso de la fuerza, torturaron y detuvieron ilegalmente a cinco personas de origen indigena en el municipio Santiago, donde provocaron el fallecimiento de dos personas.
Tras las indagatorias realizadas por el caso ocurrido el pasado 26 de diciembre, la presidenta de la CEDH, Olga Susana Méndez Arrellano, presentó el documento de al menos 41 páginas en donde señalan las violaciones cometidas por los policías estatales, entre los que se destaca la ejecución extrajudicial.
En esta recomendación se precisó que se violentaron específicamente los Derechos a la Vida, a la Libertad y Seguridad personales, a la Integridad personal, además se identificó que las víctimas no tuvieron acceso a un debido proceso.
“Las personas encargadas de hacer cumplir la ley no sólo están obligadas a respetar los derechos humanos, sino que, además, en sus actuaciones no deben excederse en las atribuciones que las normas explícitamente les confieren”, menciona la recomendación 02/2021 emitida por la CEDH.
Entre las recomendaciones hechas a la Secretaría de Seguridad Pública está el que deben de compensar a las víctimas el daño causado, sea material o inmaterial, establecer comunicación con las víctimas directas e indirectas o con sus representantes legales.
"Deberá gestionar y cubrir los gastos que se acrediten con motivo de la atención que requieran las víctimas, con especial énfasis, en el tratamiento psicológico y en la elaboración y supervisión de los procesos de duelo, previo consentimiento de las víctimas", se señala.
También desde la CEDH se solicita imponer las sanciones correspondientes a los elementos involucrados en estos hechos.
Además exhortan a comunicar a elementos de Fuerza Civil la prohibición total y absoluta de llevar a cabo ejecuciones extrajudiciales, usar la fuerza pública de manera indebida, desproporcionada, injustificada, irrazonable, desmedida, innecesaria e ilegal; así como de llevar a cabo detenciones ilegales y arbitrarias, fuera de las normas y establecidas.