Al asegurar que su actuación está apegada a normas jurídicas, la Comisión Estatal Electoral (CEE) negó estar ejerciendo violencia política de género en contra de la alcaldesa de Escobedo, Clara Luz Flores Carrales, tal y como se dio a conocer en días pasados.
La edil escobedense presentó ante la Fiscalía General de la República (FGR) una denuncia en contra de la CEE por violencia política, luego de que este organismo le ordenara enviar un video en el que explicara a sus hijos las consecuencias de salir con ella en actos públicos, lo que consideró interviene en la educación de los menores.
A través de un comunicado, el organismo electoral aclaró que dentro de los expedientes de investigación por presunta violación de normas electorales en donde se difundan imágenes de menores de edad, está obligado a actuar de esa forma.
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“Nuestra actuación siempre es y será apegada a las normas jurídicas y a los principios rectores de la función electoral y que en todos los casos buscaremos la protección más amplia de los derechos de las personas”, señala en el documento difundido por la CEE.
Asimismo, detallaron que con dichas decisiones no buscan limitar, anular o menoscabar los derechos políticos de las mujeres.
“En ningún momento esta Comisión Estatal Electoral ha realizado actos que tengan por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos electorales de las mujeres; tampoco ha efectuado actos de distinción en las investigaciones de nuestra competencia por razón del género de las personas denunciadas”, se menciona en el comunicado.
La Comisión sostuvo que su actuación se basa en los Lineamientos para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes en materia de propaganda y mensajes electorales, emitidos por el Instituto Nacional Electoral, además de normas constitucionales, de instrumentos internacionales y de criterios del Tribunal Electoral del Estado.
Con ello, reiteraron que tienen el compromiso de respetar la garantía de los derechos de las personas y que condenan cualquier acto discriminatorio o de violencia política en contra de las mujeres en razón de género.