A un año de su instalación, el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) que preside la magistrada Celia Maya, aseguró que este órgano del Poder Judicial de la Federación (PJF) no sanciona por consigna y advirtió que la justicia disciplinaria debe sujetarse al debido proceso.
Al presentar el primer informe de labores del órgano, la magistrada sostuvo que la institución fue construida prácticamente desde cero, pues al iniciar operaciones no contaba con reglas propias, organización interna, sistemas informáticos ni una plantilla consolidada.
Ante los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJ) y del Órgano de Administración Judicial (OAJ), además de senadores y diputados, dijo que por vez primera 851 juzgadores fueron evaluados, 19 mil 355 asuntos ingresaron a su Oficialía de Partes y mil 667 investigaciones heredó del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Afirmó que la institución fue construida prácticamente desde cero, pues al iniciar operaciones no contaba con reglas propias, organización interna, sistemas informáticos ni una plantilla consolidada.
“El Tribunal de Disciplina Judicial ha acreditado con hechos su naturaleza de tribunal de Derecho. En su actuación no tienen cabida las consignas, ni las sanciones, espectaculares ni ejemplares, en todo ha de seguir el camino prescrito por las leyes. El principio rector de nuestro quehacer es la observancia del debido proceso y el pleno respeto a los derechos humanos del personal judicial, sujeto a procedimientos de investigación y responsabilidad”, expresó.
Además de crear su estructura, explicó, el TDJ tuvo que hacerse cargo de cientos de expedientes que permanecían pendientes en el entonces CJF, la SCJN y el TEPJF.
Celia Maya destacó que durante el periodo el Pleno celebró 49 sesiones, en las que fueron analizados 491 asuntos, y aprobó 14 acuerdos generales, así como el Reglamento Interior del TDJ, publicado en el Diario Oficial de la Federación.
Evaluación juzgada
Uno de los principales resultados que destacó fue la evaluación de 851 juzgadores electos en 2025.
De ese universo, 762 obtuvieron un resultado satisfactorio, equivalente al 89.54 por ciento, mientras que 89, el 10.46 por ciento, tuvieron un resultado no satisfactorio.
Maya García señaló que el nuevo modelo dejó de concentrarse exclusivamente en números de sentencias, expedientes y audiencias, para incorporar aspectos cualitativos como la calidad del trabajo jurídico, los conocimientos de quienes juzgan y el trato que reciben las personas usuarias y el personal de los órganos jurisdiccionales.
A partir de los resultados, explicó, el Tribunal puede identificar dónde existen demoras en el dictado de sentencias, retrasos en el cumplimiento de ejecutorias o condiciones laborales que requieren atención.
Por ello, se ordenaron ocho procedimientos de evaluación de seguimiento especial en distintas entidades federativas.
Denuncia no equivalente a condena
En materia de responsabilidades administrativas, Maya García hizo énfasis en que la presentación de una queja no implica automáticamente una sanción.
Durante el primer ejercicio se emitieron determinaciones en 314 indagatorias: 231 acuerdos de conclusión, 62 informes de presunta responsabilidad administrativa, 17 determinaciones mixtas y cuatro casos de incompetencia.
De acuerdo con el informe, en 79 investigaciones, se encontraron elementos suficientes para formular imputaciones.
“La presentación de una queja no produce en sí misma una sanción. Tampoco debe producirla”, expresó.
Por su parte, el magistrado Bernardo Bátiz Vázquez informó que durante el periodo ingresaron a su ponencia 73 asuntos de responsabilidad administrativa, de los cuales 49 fueron revisados y 15 permanecían en estudio.
En materia de investigación, reportó el ingreso de 208 asuntos denominados mixtos, con un avance del 95 por ciento, mientras que en recursos de inconformidad y reclamación se registraron 551 asuntos, además de expedientes recibidos del extinto Consejo de la Judicatura Federal.
Bátiz Vázquez sostuvo que el tribunal tiene la obligación de poner orden dentro del propio Poder Judicial antes de exigirlo a los tribunales del país.
A su vez, la magistrada Indira Isabel García Pérez señaló que uno de los principales retos del nuevo Tribunal consiste en consolidar un sistema de evaluación que permita medir el desempeño de jueces y magistrados, pero también fortalecer la confianza en la impartición de justicia.
Afirmó que evaluar no debe entenderse como un acto de desconfianza, sino como un mecanismo de rendición de cuentas, mejora profesional y fortalecimiento del Estado de Derecho.
Mientras tanto, la magistrada Eva Verónica de Gyvés informó que, durante el primer año de actividades de la Comisión de Vigilancia, presidió 29 sesiones y encabezó los trabajos para regularizar los expedientes de entrega-recepción provenientes del extinto CJF.
Al 31 de agosto de 2026, dijo, habían sido regularizados dos mil 715 expedientes, equivalentes aproximadamente al 97 por ciento del total.
También informó que se recibieron y radicaron tres mil 81 avisos de demora, de los cuales 49 fueron declarados sin materia.
AI