La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) llamó a sus fieles a defender la libertad de expresión a través del pronunciamiento oficial Conocerán la verdad y la verdad los hará libres.
El mensaje responde a la consulta pública abierta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones sobre el proyecto de lineamientos para la protección de los derechos de las audiencias, vigente del 27 de julio al 21 de agosto de 2026.
En este documento, la jerarquía eclesiástica del país profundizó en la responsabilidad social de los medios, los riesgos de la intervención del Estado en la labor informativa y la importancia fundamental de la participación ciudadana, sean fieles católicos o ir profesen cualquier otro credo.
Los obispos de México enumeraron una serie de exhortos específicos a distintos sectores de la sociedad mexicana, enfatizando que la defensa de la verdad y la libertad es una tarea colectiva como, exhortar a “los fieles laicos, los comunicadores católicos, las universidades e instituciones educativas, los colegios de profesionistas, las organizaciones de la sociedad civil y toda la ciudadanía” a participar activamente en la consulta pública antes del 21 de agosto de 2026.
El organismo argumentó que “la participación ciudadana no es un trámite del proceso regulatorio, sino un ejercicio de corresponsabilidad con el bien común”.
La cúpula de la iglesia católica del país envió un mensaje a los periodistas del país, reconoció que su oficio va más allá de un simple trabajo, señalando que “quien informa con honradez sostiene la vida común de un país; quien lo hace con miedo, o al servicio de intereses ajenos a la verdad, la debilita”.
Asimismo, recordó el llamado del papa León XIV a custodiar “el bien precioso de la libertad de expresión y de prensa” y expresa su solidaridad con los periodistas encarcelados por buscar la verdad, esto en un mensaje que en el pasado dirigió en una audiencia ante comunicadores.
Los riesgos de la intervención del Estado en la labor informativa
La CEM manifestó su apertura a un diálogo franco y constructivo, poniendo a disposición su red educativa y pastoral para colaborar en programas de alfabetización mediática y en la formación de audiencias críticas. Subrayan que “el derecho a la información veraz se garantiza tanto regulando la oferta como formando el discernimiento de quien la recibe”.
A las familias y ciudadanos en general, los obispos resaltaron que el derecho a recibir información veraz conlleva una alta responsabilidad moral.
Advierten que “ninguna norma nos librará del deber de discernir lo que recibimos, de verificar antes de compartirlo y de no propagar aquello que hiere la fama del prójimo o siembra confusión”, recordando que “la primera defensa de la verdad no es un reglamento, es una conciencia formada”.
El mensaje por parte de los obispos del país establece premisas teológicas y jurídicas sobre la naturaleza de la comunicación, advirtiendo sobre las amenazas que el proyecto regulatorio podría representar para el orden democrático
La CEM advirtió que la posibilidad de que una autoridad realice una “calificación administrativa” de la información considerándola “falsa” o “descontextualizada” y asociándola a eventuales sanciones que representa un riesgo severo.
Señalan que esto condiciona la libertad de expresión a criterios oficiales, lo cual resulta “incompatible con el sistema democrático tutelado por nuestra Constitución, por los tratados internacionales suscritos por México, así como por diversos precedentes judiciales nacionales y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”.
El documento destaca que la libertad religiosa, entendida como parte fundamental de la pluralidad en la comunicación social, debe salvaguardarse con especial cuidado. Critican que, bajo la legislación actual donde las asociaciones religiosas no poseen concesiones de radio y televisión, se corra el riesgo de someter las convicciones religiosas a “juicios administrativos de veracidad ni a etiquetas obligatorias”
El Episcopado manifestó especial preocupación por el proyecto al facultar a la autoridad para revisar y validar los códigos de ética de los medios y las decisiones de los defensores de la audiencia, pudiendo ordenar rectificaciones.
Ante esto, afirmaron con firmeza que “la autorregulación ética es un bien que florece en libertad; sujeta de modo permanente a la validación oficial, deja de ser autorregulación”.
El mensaje concluye recordando que “la verdad no se impone: se busca, se propone y se reconoce libremente”.
Los obispos recalcaron que, cuando el Estado renuncia a definir qué es la verdad y se limita a garantizar las condiciones para que la sociedad la busque y la exprese, se consolidan verdaderamente la libertad de expresión, la libertad religiosa y los derechos de las audiencias.
IOGE