A raíz de que el Gobierno del Estado tomó la responsabilidad de pagar la nómina de trabajadores y abastecer el alimento a los Centros de Desarrollo Infantil (Cendis), se han desencadenado problemas operativos, indicó Asael Sepúlveda Martínez, integrante de la dirigencia del PT.
Esto debido a que cada mes deben gestionar que se realice el pago para el personal y que los alimentos cumplan con las normas de calidad, pues en algunos casos no ha sido así.
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Como se recordará, las cuentas de recursos federales que recibían los Cendis fueron congeladas por un presunto lavado de dinero a cargo de la directora de estos institutos, María Guadalupe Rodríguez Martínez, también fundadora del PT y esposa del dirigente nacional de dicho partido, Alberto Anaya.
"Están transitando con problemas, debemos decir que el Gobierno del Estado, una vez que se desató la crisis, tomó una responsabilidad que tenían desde el 2010 de operar la compra de alimentos de los Cendis. En ese sentido debo decir que sí mostraron sensibilidad, aunque hay que señalar que en el grado de conocimiento y precisión para la calidad de los alimentos todavía los tenemos que estar asesorando.
"Cada mes hay que estar haciendo la gestión para que se paguen los salarios a los trabajadores Cendi, y hay que estar con mucho cuidado para que no se interrumpa el flujo de alimentos para los trabajadores. Sí nos preocupa que estén retirando el presupuesto a las escuelas de tiempo completo", mencionó.
Sepúlveda Martínez reiteró que se trata de una persecución política del Gobierno federal por la alianza que suscribieron con Morena y su candidato presidencial, Andrés Manuel López Obrador.
"Está complicado, todavía la Procuraduría no ha cedido en su empeño. Lo que sí les puedo decir es que los recursos están guardados en cuentas; se han estado aplicando para los Cendis lo que se ha podido, porque el grueso de las cuentas se congelaron, pero esencialmente creemos que ese caso se va a resolver el 2 de julio, después de las elecciones.
Cabe recordar que Guadalupe Rodríguez es investigada por Procuraduría General de la República (PGR) por supuesto desvío y lavado de 100 millones de pesos, debido a que estos recursos se depositaron en su cuenta personal, pese a que existía un acuerdo desde el 2010 para que el Gobierno del Estado administrara estos recursos.