El Centro de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) lamentó la aprobación en el Senado de la ampliación del plazo de participación de las fuerzas armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028.
“Se ha impuesto una política de seguridad militarizada de alcance transexenal, sin controles civiles robustos: se presenta como principal control parlamentario una Comisión Bicamaral que en realidad ya existe y ha sido inefectiva como contrapeso”, expresó.
El Centro Prodh señaló que la aprobación del plan militar genera riesgos para los derechos humanos, pues se “perpetua una política pública ineficaz y alterando los balances cívico-militares”, en un contexto donde “se ha documentado la vulnerabilidad digital de los castrenses, sus seguimientos ilegales a actores sociales, civiles y su vinculación con el narcotráfico en algunas localidades”.
Aseguró que México continúa alejándose de los estándares y recomendaciones internacionales, pues el Ejército no cuenta con controles civiles internos y externos robustos, “por lo que propende a ser opaco y no rendir cuentas” y que la militarización no incentiva la profesionalización de la policía civil, lo cual “es indispensable para atender contextos locales y comunitarios”.
LP