Eran las 7 de la mañana cuando Paola, Evelyn, Danna, Paloma y Sofía se integraron al grupo que saldría de la Escuela Normal Rural Mactumactzá a protestar para exigir la aplicación del examen de admisión de manera presencial. Entre ellas no se conocían. Eran más de 100 normalistas que cuyo destino era la caseta de cobro ubicada en Chiapa de Corzo. Históricamente, las protestas de esta escuela se caracterizan por ser radicales y esta vez no sería la excepción.
Para ellos la aplicación con cuadernillo y lápiz del examen de admisión es esencial porque los aspirantes son indígenas originarios de comunidades donde no hay conectividad. Hasta ese 18 de mayo tampoco contaban con la fecha del mismo.
Danna tiene 22 años y estudia el cuarto semestre, decidió contarnos su historia frente a un mural de rostros encapuchados, ella como las demás piden guardar su identidad al compartir su testimonio.
Eran las 9 de la mañana cuando llegaron a la caseta a entregar volantes y dejar "liberar plumas", una acción de protesta común entre los normalistas del país. “En ese momento volteamos a ver y vimos que los policías ya nos estaban disparando. Empezamos a correr y nos metimos a los buses. En ningún momento llegaron a advertirnos o que nos dijeran jóvenes retírense, llegaron a echarnos gas lacrimógeno”, comienzan por narrar Sofía y Evelyn.
“Ya en el autobús los policías rompieron los vidrios de la puerta y rociaron gas lacrimógeno que ocasionó que tuviera quemaduras en mi estómago. Después empezaron a gritarnos que teníamos que bajarnos, que si no lo hacíamos nos iban a matar ahí adentro. Nos estábamos ahogando muy feo con el gas, nos decían que nos iban a desaparecer como a los 43 de Ayotzinapa”, indica Paola de 18 años, la más joven de las entrevistadas que hace un año entró a la normal.
La violencia que la policía antimotines utilizó al desalojarlas se refleja en cada uno de los testimonios, parecidos entre sí. La mayoría denuncia frases como “Nos decían que éramos unas putas, que éramos unas perras, unas pendejas, que todo lo que nos estaba pasando nos lo merecíamos”. Además de abusos físicos. Paloma de 19 años cuenta que al momento de ser revisada “Me empezaron a tocar parte de mis senos y de mis partes íntimas, decían que era necesario para estar seguros de que no llevaba mi celular pues muchas grabamos lo que nos hicieron dentro de los autobuses”.
“Cuando a mí me bajaron un policía me jaló de los cabellos, me aventó por la parte de las escaleras del autobús y me trasladaron a un vehículo, estando adentro me golpearon la cabeza en la parte derecha”, recuerda Sofía de 19 años.
La mitad de sus compañeras y compañeros lograron escapar hacia el monte por lo que en ese momento no se sabía la cifra exacta de las personas detenidas, tampoco se sabía a dónde los llevaban. Las estudiantes narran que en el trayecto, los policías amenazaban con desaparecerlas. Paloma encoge los hombros cuando dice “Solo pensaba en lo que iba a sufrir mi mamá”.
Horas más tarde, 74 mujeres, 19 hombres y dos niños se encontraban en la Fiscalía General del Estado de Chiapas. En total, 97. Dos de ellos eran integrantes de la comunidad de Chenhaló que habían acompañado la protesta. Los menores de edad, también de Chenalhó, fueron liberados en ese momento.
Paola pensaba que el llegar a la Fiscalía iba a cambiar la situación, pero no fue así. “Antes de que nos metieran a las celdas nos revisaron, nos hicieron quitarnos la ropa, me dijeron que tenía que quitarme la ropa interior. Tuve que acceder porque me amenazaron”, relata.
Paloma, quien al ingresar a la normal ganó el primer lugar en puntaje del examen, lo recuerda así: “Me preguntaron que si hablaba un dialecto o que de dónde venía. Yo dije que hablaba Cho´l que soy hablante de una lengua indígena y una persona de la misma Fiscalía me empezó a decir 'tú no mereces estar acá, tú eres una indígena, los indígenas no sirven para nada”.
Para ese momento ya había familiares afuera de la Fiscalía pidiendo información, misma que negaban. Sus compañeros lograron conseguir un abogado para asumir la defensa de los 95, Julio César Fernández, quien también es defensor legal de la CNTE en Chiapas, indica que estuvieron 48 horas sin ser notificados de la ubicación de los estudiantes.
“No se nos permitió el acceso a ver a los muchachos inmediatamente de la detención por lo que aun existe un amparo por desaparición forzada. No podíamos accesar a ver a los muchachos, no podíamos pasar a que nos firmaran la autorización de que podíamos ser sus defensores particulares. Los padres de familia tuvieron que acudir a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y a través de un visitador es que se permitió la visita, a uno o dos padres de familia, que entraron como a los tres días”.
Tampoco fueron notificados del traslado de las y los normalistas al Centro de Readaptación Social conocido como “El Amate”. Para el 20 de mayo ya estaban ahí. ”Cuando nos trasladaron al Amate, nos trasladaron en la madrugada y a base de engaños porque nos decían que ya nos íbamos a ir, que nos iban a dejar libres y nos sacaron de las celdas. Después nos formaron y nos llevaron por la parte trasera, no nos decían a dónde nos llevaban, repetían una y otra vez que íbamos a desaparecer como nuestros compañeros de Ayotzinapa”, recuerda Paola.
Tres días después, los 93 estudiantes fueron vinculados a proceso por los delitos de robo con violencia, daños, motín, atentados contra la paz, integridad corporal y patrimonial y pandillerismo. Ese mismo día las estudiantes obtuvieron su libertad condicional. Sus compañeros no tuvieron la misma suerte y fue hasta el 3 de junio que fueron liberados. Una semana antes, el presidente López Obrador dio la instrucción de liberarlos desde su conferencia de las mañanas en Palacio Nacional, incluso se dijo que se reuniría con las y los normalista porque aseguró, hay infiltrados.
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Actualmente las y los normalistas buscan el desistimiento de la acción penal por parte de la Fiscalía del Estado de Chiapas. De hecho nadie ha querido regresar a casa por miedo y por unidad.
Evelyn hasta el día de hoy no se explica lo que pasó y, con la voz entrecortada, asegura “la situación que estamos pasando es muy dolorosa. No sólo por mí si no también por mis compañeros, porque aquí en la escuela nos enseñan a ser hermanos y es una lástima el trato que nos dieron, un trato que ni a los delincuentes les dan. Nosotros porque somos normalistas, quieren desaparecernos.
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Entre los estudiantes de la Normal Mactumactzá existe el temor de que su escuela desaparezca. No olvidan que en 2006, bajo la administración del gobernador Pablo Salazar, fueron derribados los dormitorios, además de que la escuela se ha cerrado en cuatro ocasiones desde 1931, fecha de su fundación.
Al preguntar si tiene algo más que decir Danna responde “Estamos aquí tratando de ser revolucionarios y de luchar por la educación gratuita en Chiapas, estamos aquí para luchar, para que nuevos aspirantes vengan, para que más hijos de campesinos como nosotros tengan las mismas o mejores oportunidades que nosotros. Luchamos para que la clase trabajadora tenga esperanza aquí en Chiapas y nosotros al egresar poder llevar educación a los lugares más recónditos. Para mí esto significa que el gobierno nos ha quitado todo, e incluso nos ha quitado el miedo”.
DMZ