El diputado federal del PAN por Tampico, Jesús “Chucho” Nader Nasrallah, propuso establecer un límite de 20 por ciento al presupuesto anual que las dependencias pueden destinar a adjudicaciones directas, invitaciones restringidas y otros mecanismos de contratación distintos a la licitación pública.
Durante su intervención ante el pleno de la Cámara de Diputados, el legislador presentó una iniciativa de reforma al artículo 134 constitucional, con la que busca modificar las reglas para la contratación de obras y servicios con recursos públicos.
Nader Nasrallah planteó que el límite aplique al conjunto de las excepciones a la licitación pública y que se prohíba expresamente el fraccionamiento de contratos cuando tenga como finalidad evitar un concurso abierto.
La propuesta contempla que estas disposiciones sean obligatorias para la Federación, los gobiernos estatales, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.
También incluye a Sedena y Semar
Uno de los principales planteamientos de la iniciativa es eliminar el régimen de excepción para las obras públicas ejecutadas por la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina, para que también sean sometidas a procesos de licitación pública.
El diputado panista sostuvo que esta medida permitiría fortalecer la transparencia, la competencia entre empresas y la rendición de cuentas en proyectos de infraestructura realizados con recursos públicos.
Como referencia, mencionó obras como la construcción de tramos del Tren Maya y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, desarrolladas bajo esquemas que, de acuerdo con el legislador, deben ser revisados para garantizar mayor apertura y competencia.
Nader Nasrallah argumentó que existe un uso elevado de las adjudicaciones directas en las contrataciones públicas. Citó un análisis de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad que señala que, hasta octubre de 2021, 80.4 por ciento de las contrataciones registradas en Compranet fueron asignadas mediante adjudicación directa.
Añadió que en 2023 el porcentaje alcanzó 82 por ciento, cifra que, afirmó, representó el nivel más alto registrado en los últimos 17 años.
La iniciativa fue turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, donde será analizada para la elaboración del dictamen correspondiente.