La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) urgieron a la elaboración de una estrategia nacional de ciberseguridad que garantice la protección de los datos personales de los ciudadanos frente al uso creciente de las tecnologías de la información.
En la inauguración de las actividades virtuales con motivo del Día Internacional de Protección de los Datos Personales, que se celebra el 28 de enero, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ministro de la SCJN, en representación del presidente del Máximo Tribunal, y la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, coincidieron en la necesidad de trabajar en una estrategia conjunta, entre todos los poderes públicos del país, como con el sector privado y social, para proteger los datos personales.
El ministro Gutiérrez Ortiz Mena destacó que México lleva una ventaja, pues en el artículo sexto constitucional ya se establece como un derecho constitucional la protección de datos personales y a una institución como garante de éste, el INAI.
“De la conjunción de ambos referentes constitucionales surge un parámetro de control constitucional que, a través de distintos precedentes, ha sido interpretado por la SCJN para concluir que la protección de datos personales es un derecho humano y que las competencias del INAI son garantía orgánica de este derecho humano”, argumentó.
Sin embargo, el ministro advirtió que es urgente diseñar la estrategia que permita proteger a los ciudadanos de los riesgos que se presentan en el espacio cibernético, por dos razones: “la tecnología suele ir a una velocidad más rápida que el Derecho, por lo que resulta necesario la anticipación institucional y el modelo de democracia constitucional exige de la interrelación de distintas ramas del poder público para hacer frente a los nuevos retos”.
El ministro explicó que la revolución tecnológica de las comunicaciones, ha ocasionado, para bien o para mal, que las personas se encuentren bajo el escrutinio de sus amigos, de sus colegas de trabajo, de su familia, de su gobierno, de otros gobiernos extranjeros y de las organizaciones criminales.
“Sin necesidad de contar con el consentimiento de las personas y sin necesidad de acceder a espacios físicos como el domicilio o el correo, se abren bases de datos o depósitos de información personales en espacios virtuales para exponer la intimidad de las personas de una manera igual o más agresiva que antes”, dijo Gutiérrez Ortiz Mena.
Agregó que “gran parte de los riesgos actuales provienen de actores no públicos, sin embargo, ello no quiere decir que el Estado haya dejado de ser un riesgo para la intimidad, pues los avances tecnológicos han abastecido a los gobiernos de instrumentos de vigilancia ciudadana más intrusivos y potentes, los cuales se suelen justificar por la urgencia de atender crisis de seguridad o sanitarias, pero que se instalan muchas veces con permanencia”.
Ante ello, el ministro consideró que el Estado debe resolver dos cuestiones: autolimitarse en aquello en donde represente un riesgo para la privacidad y al mismo tiempo, habilitar instituciones para proteger a los ciudadanos contra los riesgos de terceros.
Dijo que las preguntas en torno a lo que debe contener la estrategia nacional de ciberseguridad “no las puede dar una sola persona o institución, depende de la interrelación de los distintos departamentos que componen el Estado constitucional: el Poder Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial y los organismos constitucionales autónomos”.
Por su parte, la comisionada Blanca Lilia Ibarra afirmó que es urgente avanzar en la construcción de una política de ciberseguridad acorde a los tiempos y desafíos que se enfrentan.
Indicó que en ese sentido, el INAI adquiere una responsabilidad particular, pues dado su mandato constitucional, le corresponde encabezar la discusión para lograr esa política.
“Nos corresponde en el marco del Sistema Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales llevar la batuta que guíe a nuestra sociedad a una mejor protección de nuestra intimidad y datos personales, pues éstos se encuentran, como nunca, antes amenazados a causa de las nuevas dinámicas de entornos digitales”, mencionó.
Por ello, la discusión debe librarse en dos campos: dimensionar los temas más complejos e intrincados de la ciberseguridad y protección de datos personales para después posicionarlos en la agenda pública y abonar en el surgimiento de propuestas sólidas y factibles.
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