Investigadores del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) promovieron juicios de amparo contra los nuevos formatos de declaración patrimonial, pues consideraron que al ser académicos, no se les debe equiparar con las obligaciones de los funcionarios administrativos.
El jueves, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, criticó que el personal del CIDE tramitó amparos para no presentar su declaración patrimonial , pese a que el organismo que promovió la llamada Ley 3de3.
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“Vemos con asombro que muchos de estos juicios han sido promovidos por personal de organismos públicos autónomos e inclusive por instituciones que anteriormente fueron promotores de la llamada Ley 3de3, como es el caso, para dejarlo muy explícito, del CIDE, donde nuestro contralor ha dado cuenta de la gran cantidad de juicios de amparo al respecto de esta obligación constitucional”, dijo Sandoval.
En entrevista con MILENIO, Lorena Ruano, secretaria general del Sindicato del Personal Académico del CIDE, explicó que los juicios de amparo no sólo los promovieron investigadores del CIDE, sino acádemicos de varios centros públicos de investigación del Ramo 38, encabezado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), los cuales consideraron la medida como “desproporcionada”.
Al ser individuales, Ruano dijo no tener el dato de cuántos amparos se promovieron, pero comentó que las inquietudes iniciaron con la nueva obligación para los investigadores, sobre ingresar los formatos de declaración patrimonial exhaustivos en la información que solicitan, y que deben ser aplicados a todos los servidores públicos del país.
“Una medida que estaba pensada para los directivos de los centros que sí manejan presupuesto o capacidad de utilizar recursos públicos, se amplió a todos los investigadores porque se homologaron, por criterio salarial, a funcionarios de la administración pública… Nos están considerando como si fuéramos jefes de departamento de la burocracia centralizada y esto nos vulnera, nos preocupa, porque genera mucha incertidumbre en cuanto a nuestro estatus laboral y nuestra independencia de pensamiento”, expresó Ruano.
Explicó que 17 sindicatos de investigadores y más de 600 profesores de todo el país escribieron cartas a Elena Álvarez-Buylla, directora del Conacyt, a la secretaria del Trabajo, Luis María Alcalde, y a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, externando sus preocupaciones: “no es que no queramos presentar declaraciones, pero nos preocupa que, a raíz de esta presentación de la declaración cambie nuestro estatus laboral y que nuestro trabajo ya no sea supervisado por nuestros pares”.
Ruano detalló que a los investigadores los evalúan comisiones del Conacyt y no un Órgano Interno de Control (OIC) de la Función Pública.
“Ese cambio en el estatus laboral es lo que nos preocupaba como sindicatos, que de repente venga el OIC del CIDE a pedirme cuentas sobre mi trabajo, en vez de que sea la comisión evaluadora del CIDE o la comisión del SNI del Conacyt las que evalúen nuestro desempeño”, expresó.
Ante la falta de respuesta a las dudas de los investigadores por parte de la SFP, la Secretaría del Trabajo y el Conacyt, es que los investigadores decidieron emprender juicios de amparo, de manera voluntaria, no a través de los sindicatos, para que se les aclarara su situación laboral frente a esta incertidumbre.
La representante sindical aclaró que no se oponen a la transparencia, pero que sí les preocupa que un día la SFP pueda limitarlos sobre la manera en que dan clases o los temas que investigan.
“Nos preocupa que esto puede vulnerar nuestra libertad de cátedra y nuestra libertad de pensamiento; el hecho de que esté disponible información sensible como nuestra dirección, dónde tenemos cuentas de banco, dónde vivimos, a la luz pública, puede ser una manera de coartar nuestra libertad de expresión y nuestra libertad de cátedra, es por eso que los académicos del sector público tenemos como un régimen especial”, insistió.
Otra razón de la inconformidad es que los investigadores de la UNAM, de la UAM y de otras instituciones públicas autónomas de educación superior, que hacen las mismas labores que los académicos de los centros de investigación adscritos al Conacyt, no tienen que presentar esta declaración en estos formatos, pues tienen los propios, que no son tan invasivos.
AESC